El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, puso un plazo perentorio al gobierno para que se volviera a reunir el Comité de Ministros a fin de pronunciarse sobre el proyecto Dominga. Cabe recordar que dicho Comité en reunión efectuada en 2023 decidió rechazar el proyecto, lo que fue considerado ilegal por el Tribunal de Antofagasta por falta de imparcialidad de alguno de los ministros y dio un plazo perentorio de 15 días, que expiró el 31 de diciembre, para que dicho Comité tomara una decisión al respecto.

Eso no ocurrió, lo cual genera interpretaciones y efectos. Lo primero que se podría considerar es que el incumplimiento de una resolución judicial constituye desacato, figura que está contemplada en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, inciso 2°, que establece que quien cometiere desacato será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo. Si así se declarara, sería un grave problema para el gobierno. Pero no sólo en lo legal tiene efectos, pues el no cumplir la resolución judicial afecta la percepción de la eficacia y seriedad de la institucionalidad ambiental del país, lo que deriva en generar una gran incertidumbre en aquellos inversionistas que pretenden desarrollar proyectos que requieran aprobaciones ambientales y un serio........

© El Líbero