El primero surge de la tensión entre la necesidad política de terminar la guerra y la obligación moral y jurídica de garantizar verdad, justicia y reparación. La justicia restaurativa fue planteada como un camino innovador; en la práctica, terminó siendo una vía para flexibilizar de manera extrema las responsabilidades penales de los mayores perpetradores. La confesión parcial, las sanciones alternativas y la redefinición misma de los delitos graves pusieron en entredicho la seriedad del compromiso estatal con quienes sufrieron el conflicto.

Pero el más profundo aparece cuando la estructura misma del Estado es puesta en jaque. ¿Puede un acuerdo de paz, negociado entre el Ejecutivo y un grupo armado, reconfigurar principios esenciales de la Constitución? ¿Puede comprometer derechos fundamentales sin que intervengan los controles judiciales ordinarios?

La respuesta la dio, oportunamente, la Corte........

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