Durante décadas esa organización guerrillera secuestró, asesinó, desplazó, reclutó menores, cometió violencia sexual, destruyó poblaciones y dejó miles de víctimas. El Estado tenía el deber constitucional de impedirlo y, ante una guerra que no logró terminar por las armas, buscó la paz. Y buscarla implicaba negociar con quienes habían cometido toda clase de vejámenes.

El Estado puede negociar, conceder amnistías e indultos dentro de los límites constitucionales, establecer tratamientos penales especiales, adoptar mecanismos restaurativos. Lo que jamás puede hacer es decirle a una madre que debe perdonar al hombre que asesinó a su hijo. Porque ese dolor no le pertenece. 

De hecho, durante aquellos años de negociaciones escuchamos innumerables llamados al perdón y a la reconciliación. Eran comprensibles: Colombia necesitaba imaginar una sociedad después de la guerra. 

Intuyo que una víctima puede apoyar la paz y no perdonar. Puede aceptar que quien le hizo daño se reincorpore a la vida........

© El Informador