La Procuraduría ha solicitado que no se declare la pérdida de investidura del representante Racero, acusado de presunto tráfico de influencias por recomendar a su tío y otros allegados para cargos en el Sena. La doctora Yolima argumentó que no hay pruebas de constreñimiento ni de que Racero haya invocado su investidura para presionar decisiones, es decir, que recomendar no es tráfico de influencias.

Y aquí es donde comienza mi preocupación. ¿Desde cuándo el análisis jurídico de una conducta tan delicada como el tráfico de influencias puede reducirse a una interpretación semántica? ¿Desde cuándo se exige probar el constreñimiento explícito cuando la sola investidura de un congresista ya implica una carga simbólica y funcional que puede influir en decisiones administrativas?

La recomendación de un congresista no es una sugerencia cualquiera. Es una acción que, por el peso institucional del cargo, puede........

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