No se puede ignorar que en Colombia los proyectos clave quedan atrapados en la maraña de las consultas previas, algunas veces durante años, mientras comunidades enteras siguen padeciendo la ausencia de servicios básicos.

El espíritu de la consulta previa es claro: permitir participar en las decisiones a las comunidades impactadas por un proyecto, recibir compensaciones justas y garantizar el respeto por su territorio y cultura.

Nadie en su sano juicio puede estar en contra de estas premisas. Pero la pregunta es: ¿este mecanismo está cumpliendo con ese objetivo? O peor, ¿se ha convertido en un proceso capturado por intereses particulares?

La legislación colombiana sobre consulta previa está plagada de ambigüedades que le crean dificultades a su aplicación efectiva. La Corte Constitucional ha insistido en que el proceso debe ser amplio, previo e informativo, pero no ha definido tiempos claros, lo que da pie a interpretaciones subjetivas. Además, los conflictos de competencia entre entidades como el Ministerio del Interior, la Agencia........

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