Emerge un documento convocado a hacer historia en América Latina, mediante el desempeño de sus propósitos en una “hora decisiva”, tal como lo señala su texto, apalancado sobre el “mandato ciudadano” – la elección del 28 de julio de 2024, en la que resultara electo presidente Edmundo González Urrutia. Este mal puede obviarse por quienes están llamados, bajo el liderazgo modelador de María Corina Machado, a ser los artesanos de una “democracia plena” en Venezuela.    

De buenas a primera evoca su adopción a la experiencia del Pacto de Puntofijo de 31 de octubre de 1958, que hizo posible la forja de una república civil de partidos. Lo emularon los españoles tras el conocimiento directo que tuvo del mismo don Manuel García Pelayo, autor del dictamen sobre el proyecto de Constitución aprobado en 1978 en España y quien, al vincularse con la Universidad Central de Venezuela al apenas caer la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, dirige a partir de 1959 el Instituto de Estudios Políticos y se le reconoce como el teórico del Estado de partidos. Pero equivalentes en su importancia, por lo pronto, el Manifiesto de Panamá sobreviene en un contexto interno e internacional diferente, si bien ambos coinciden en lo que este predica, a saber, “traducir la soberanía popular en una ruta concreta, ordenada y efectiva hacia la libertad”. 

Si el Pacto de Puntofijo significó el compromiso para la defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral, el de Panamá va más allá, por lo antes dicho. Busca crear la base política y social para la gobernabilidad democrática; lo que implica aquello que siempre faltó en el devenir nuestro a partir de 1830, es decir, la nación, ausente y preterida, cuya unidad – signada como estará por el reencuentro entre sus diásporas, la interna y la exterior, que han visto rotos sus lazos familiares y de afecto – “no es una consigna”, según lo precisa el Manifiesto. “Es un compromiso, un modo de obrar, una responsabilidad y la herramienta más poderosa al servicio de la libertad”. 

El Pacto de 1958, más allá de proponer un “gobierno de unidad nacional”, subrayando que la unidad no debe confundirse con el “unanimismo impuesto por el despotismo”, pues lo saludable en toda democracia son “las naturales divergencias entre los partidos”, avanzó hacia un Programa Mínimo Común, con un claro propósito, “el afianzamiento de la democracia como sistema”, sólo posible mediante la unidad nacional. En las demás cuestiones, cada partido o agrupación podía sostener sus diferencias, hacerlas objeto de discusión pública, pero “dentro de los límites de la tolerancia y el mutuo respeto a la que obligan los intereses superiores de la unidad popular y de la tregua política.

El Manifiesto de........

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