Difícilmente puede encontrarse en la historia reciente de Colombia un proceso de transición presidencial tan complejo como el actual. El empalme no es un capricho ni una simple cortesía política: constituye una obligación jurídica destinada a garantizar la continuidad del Estado. El Gobierno saliente debe entregar información completa, veraz y verificable, mientras que el Gobierno entrante tiene el derecho de conocer el estado real de la administración antes del 7 de agosto. Ese deber encuentra fundamento en la Ley 951 de 2005, que regula la entrega de la administración pública e impone la obligación de suministrar información sobre recursos, contratos, bienes, procesos, personal, ejecución presupuestal y asuntos pendientes, así como en el artículo 209 de la Constitución Política, que exige que la función administrativa se desarrolle conforme a los principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

El empalme no puede reducirse a un intercambio de informes. Debe convertirse en una verdadera auditoría del estado en que se recibe el país. Hoy existen serias........

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