Pocas veces el sistema de salud colombiano había ocupado un lugar tan central en la conversación pública como ahora, y no porque antes no existieran problemas (sería ingenuo afirmarlo), sino porque hoy la percepción ciudadana de deterioro es mucho más visible, cotidiana y políticamente sensible. Al respecto, para millones de colombianos, la discusión sobre salud dejó de ser un debate técnico sobre modelos de aseguramiento, mecanismos de financiación o arquitectura institucional, para convertirse en una experiencia concreta marcada por retrasos en citas, dificultades en la entrega de medicamentos, incertidumbre sobre la continuidad de tratamientos y una creciente sensación de frustración frente a un sistema que, aunque mantiene altos niveles de cobertura formal, parece cada vez más incapaz de responder con oportunidad y continuidad.

Ese contexto explica por qué la salud se convirtió en uno de los temas más relevantes de la carrera presidencial de 2026. Pero precisamente por esa relevancia, conviene evitar tanto el simplismo como la polarización, por ende, la discusión no puede reducirse a consignas fáciles como “acabar las EPS (Entidades Promotoras de la Salud)”, “rescatar el sistema”, “volver al modelo que funcionaba” o “hacer una transformación estructural”. En ese sentido, las decisiones en salud no se implementan en abstracto, ya que tienen implicaciones directas sobre personas con enfermedades crónicas, pacientes oncológicos, adultos mayores, niños con necesidades especiales, comunidades rurales y profesionales de salud que hoy operan bajo condiciones crecientemente complejas.

En este escenario, quise escribir esta columna sobre las propuestas de salud de algunos candidatos presidenciales antes del próximo 31 de mayo (o análisis), para que más que preguntarnos quién promete más, nos permita reflexionar sobre quién ofrece propuestas técnicamente viables, financieramente sostenibles y políticamente implementables. Y antes de todo, al ser un tema tan sensible y que puede generar polémica, declaro que no tengo ningún conflicto de interés con esta columna, y que su contenido parte de un análisis personal, no representa a ninguna institución, y es susceptible a cuestionamientos o mejoras dentro de un debate respetuoso.

Para iniciar, como antecedente, conviene resaltar un hecho que muchas veces se pierde en el ruido electoral, y es que Colombia durante las últimas décadas, construyó un sistema de salud que logró una expansión importante del aseguramiento. En donde, la cobertura de afiliación se ha mantenido cercana a la universalidad (toda la población), el cual, no es un logro menor en términos comparativos dentro de otros sistemas de salud en América Latina. Sin embargo, la afiliación no es sinónimo de acceso efectivo, ya que, tener carné no garantiza atención oportuna, continuidad en los tratamientos ni capacidad resolutiva. Por eso, la distancia entre cobertura formal y acceso real es, probablemente, una de las mayores tensiones del sistema actual.

Por otro lado, los datos recientes ayudan a entender la magnitud del problema. Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 se registraron más de 312 mil tutelas relacionadas con la vulneración al derecho a la salud, consolidando nuevamente a este sector como el principal motivo de judicialización de derechos fundamentales en el país. Y es que, más allá del dato jurídico, el mensaje resalta que algo mucho más sistémico: cuando miles de ciudadanos deben acudir a un juez para obtener medicamentos, procedimientos o servicios........

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