Dos de las tantas ficciones o mentiras -aceptadas- en las que está basado nuestro sistema político son la restricción de la contratación directa en periodo electoral y la prohibición a los servidores del Estado de intervenir en la política partidista.

La primera, conocida como “ley de garantías” que aun cuando existía de tiempo atrás, se perfeccionó con la ley 996 de 2005, expedida para “amortiguar” el golpe por la aprobación del acto legislativo que, contrariando el espíritu de la Constitución del 91 sobre prohibición de reelección en los altos cargos del Estado, permitió de manera inmediata la del presidente en ejercicio Álvaro Uribe Vélez, sin que la Corte Constitucional de entonces, con la notable excepción de los magistrados Álvaro Araujo, Alfredo Beltrán y Jaime Córdoba, considerara que esa reforma significaba una “sustitución” de la Constitución.

Causaría cierta hilaridad si se repitieran los nombres de los parlamentarios que entonces impulsaron con vehemencia esa reforma que significaba, hay que decirlo, la reelección de un presidente claramente de derecha, y que ahora fungen de adalides de la izquierda. Basta........

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