Confieso que no sé cómo leer la noticia. Meta aceptó pagar hasta 16 mil 680 millones de dólares para terminar el juicio promovido por 29 estados de la Unión Americana que la acusaban de diseñar Facebook e Instagram para enganchar a los menores, ocultar sus riesgos y apropiarse de sus datos. La cifra parece una confesión. Jurídicamente no lo es. Meta negó haber actuado mal y el juicio terminó antes de que se dictara una sentencia sobre el fondo.

Entonces, ¿qué quedó probado? ¿Que las redes sociales causan adicción? ¿Que dañan a los menores? ¿O únicamente que Meta prefirió pagar una fortuna antes que correr el riesgo de escuchar un veredicto y exponer sus decisiones internas ante un tribunal?

La primera respuesta parece obvia: nadie paga semejante cantidad por algo inocuo. Aunque también es cierto que una empresa puede comprar certidumbre jurídica sin reconocer culpabilidad. De modo que el acuerdo dice muchísimo, pero no necesariamente aquello que los titulares aseguran que dice.

La “adicción a las redes sociales” ni siquiera figura como un diagnóstico autónomo en los principales manuales psiquiátricos. La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos revisó la evidencia disponible y no encontró sustento suficiente para afirmar que las redes causen, por sí solas y a escala poblacional, un deterioro de la salud mental adolescente. Leo eso y me detengo: ¿significa que no existe el problema o que todavía no sabemos medirlo bien?

Me inclino por lo segundo. No puedo ignorar que hay menores -y adultos- que pierden el control sobre el tiempo de uso; que interrumpen el sueño, la convivencia y el estudio para revisar una pantalla; que padecen ansiedad cuando no pueden hacerlo y que necesitan una dosis constante de aprobación.

También existen asociaciones preocupantes con depresión, alteraciones del sueño, comparación física, baja autoestima y trastornos........

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