Un debate inaplazable, complejo, crudo, pero que es importante iniciar por respeto a las personas que la solicitan, a sus familias y colectivos que los respaldan. Minorías, tal vez, pero que en un Estado de derecho merecen ser escuchadas y respetadas con la mayor apertura. 

Una deliberación que requerirá de transigencia, así como la capacidad de comprender y compartir los sentimientos, emociones y perspectivas de otra persona -empatía- y que resulte en una regulación generalmente aceptada. Habrá quienes seguramente no estén de acuerdo y su opinión será respetada, a la vez que corresponderá expresar deferencia para quienes sí. 

Comparto que he iniciado un ejercicio básico de consulta sobre la aceptación o no de la eutanasia con algunos familiares y amigos y, en principio, me han expresado su opinión a favor. En algunos casos por corresponder a una decisión de otra persona; en otras, desafortunadamente, al pensar en la historia de vida de otras que, por razones diversas, ha sido por lo menos complicada. 

En el caso de diversas enfermedades crónicas, incluso terminales, ¿es deseable prolongar la vida? ¿Incluso cuando el sufrimiento o dolor sean intolerables, rebasen nuestros umbrales o la calidad de vida haya desaparecido? 

Estas preguntas se han identificado en ejes de la bioética moderna laica y también del trabajo legislativo. Y, en este marco, el análisis de la eutanasia, la actividad consiente de poner fin a la vida de una persona con el objeto de evitar sufrimientos o condiciones insoportables en virtud de alguna enfermedad o condición incurable calificada por los médicos. 

Se trata de un tema sensible que involucra, además de la bioética, sentimientos profundos, convicciones éticas y morales, así como creencias religiosas. 

Cabe analizar el tema de la eutanasia como el derecho humano a una muerte digna en situaciones de sufrimiento extremo y enfermedad terminal que implica la posibilidad de hacerlo con dignidad en condiciones de precariedad o elevado sufrimiento. 

En las últimas décadas, 10 países han avanzado en el reconocimiento de este derecho, estableciendo condiciones para proteger a los pacientes, familiares,  así como al personal médico. 

Y en este contexto, la presentación de dos iniciativas -una en la Cámara de Diputados y otra en el Senado de la República-, la primera presentada por la diputada Irma Juan Carlos, la segunda impulsada por la activista Samara Martínez, para reconocer el derecho a la vida y muerte digna en nuestro país, abrirán un debate amplio para la actualización de nuestro marco jurídico. 

Coincido con la diputada Irma Juan Carlos en el sentido de que el derecho a la muerte digna se encuentra reconocido en el marco de los cuidados paliativos y la voluntad anticipada, pero no en la eutanasia activa, por lo que persiste un vacío normativo respecto al derecho a decidir el momento y forma de morir. 

Será esencial no dar lugar a falsas discusiones, pues no se trata de promover la muerte, sino humanizarla, que las personas no tengan que morir sufriendo, con dolor, con miedo, pero sobre todo con agonía, muchas veces prolongada. 

En mi caso, me identifico con la autonomía de los pacientes, el alivio del sufrimiento, la dignidad humana y la regulación adecuada para proteger a los pacientes, quienes podrán -en su caso- decidir de manera informada y plenamente consciente.

POR SERGIO MAYER BRETÓN

© El Heraldo de México