Las últimas cuatro semanas nos ha sorprendido con el mismo número de explosiones en la refinería Dos Bocas. Desde hace por lo menos tres meses ha habido un derrame de crudo en el Golfo de México, silenciado y después negado por el gobierno, hasta que la indignación social lo evidenció.

Ante los tres accidentes recientes en zonas mineras, que costaron la vida de trabajadores, se ha revelado la presencia del crimen organizado en todos los casos. En las negociaciones del T-MEC, Estados Unidos ha denunciado la complicidad entre sindicatos y crimen organizado, empezando por la industria petrolera y minera, pasando por la automotriz. Todos estos casos acontecen, en su contexto, por la corrupción oficial.

La Fiscalía General de la República exoneró, en el caso del accidente de tren TransÍstmico, al constructor de la vía, incluyendo al hijo de AMLO, y al gobierno de toda responsabilidad y acusó al operador y a su asistente de ser los culpables del evento que mató a 14 personas y dejó a más de 100 heridos.

Las investigaciones sobre los notorios casos de corrupción en México desde 2018 se han estancado: SEGALMEX, con un desfalco de 15 mil millones de pesos, el robo mayor de más de 200 mil millones de pesos en el caso del huachicol fiscal, las irregularidades en BIRMEX por sobrecostos de 13 mil millones de pesos, los contratos millonarios de PEMEX, INSABI, PROFECO son casos denunciados pero ignorados por las autoridades.

Ante esto, la respuesta del gobierno de la 4T es negar, ocultar y acusar a terceros. Las megaobras de la gestión de López Obrador, donde todas costaron el triple de lo originalmente presupuestado, son una carga al erario público que puede durar por lo menos los próximos veinte años. Son obras deficitarias, insolventes e incapaces de generar utilidades en su vida útil. Me refiero, obviamente, al Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el AIFA, Mexicana de Aviación.

Y habría que agregar los pagos durante décadas a los constructores despedidos del original aeropuerto........

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