México está entrando en una etapa donde la relación con Estados Unidos dejó de ser solamente diplomática, comercial y migratoria para incorporar una dimensión mucho más delicada: la seguridad nacional estadounidense y la persecución extraterritorial del narcotráfico.

El punto de inflexión fue la decisión de Washington de definir a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. La administración Trump ha construido alrededor de esa decisión una estrategia que combina inteligencia, sanciones financieras, persecución judicial, restricciones migratorias y presión diplomática. La Casa Blanca sostiene que los cárteles constituyen una amenaza para su seguridad nacional y que utilizará todos los instrumentos económicos, diplomáticos, de inteligencia y militares necesarios para debilitarlos.

Esto cambia radicalmente el problema para el gobierno mexicano. Una cosa es enfrentar al narcotráfico como un problema interno de seguridad pública. Otra, muy distinta, es que Washington considere que funcionarios, policías, empresarios y políticos mexicanos forman parte de las redes de protección de las organizaciones que Estados Unidos considera una amenaza terrorista.

El caso Rubén Rocha Moya constituye, hasta ahora, el ejemplo más explosivo. El Departamento de Justicia estadounidense acusó formalmente al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de delitos relacionados con narcotráfico y armas, alegando que colaboraron con el Cártel de Sinaloa y con la facción de Los Chapitos. La propia fiscalía estadounidense advierte que se trata de acusaciones, por lo que todos los imputados conservan aún la presunción de inocencia.

La importancia política del caso no reside solamente en Rocha. Reside en el precedente: Washington ha demostrado que está dispuesto a judicializar directamente a un gobernador mexicano en funciones. Ahí aparece el miedo.

No necesariamente miedo a una invasión o a una acción militar. Es un miedo mucho más sofisticado: miedo a la información que posee Estados Unidos, a las investigaciones financieras, a las acusaciones judiciales, a la cancelación de visas, a las sanciones y, eventualmente, a las extradiciones.

Durante........

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