La iniciativa de reforma electoral presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum responde a un viejo reclamo ciudadano: reducir el costo de nuestra democracia. Es indiscutible que las instituciones encargadas de organizar y validar la voluntad ciudadana en aras de sostener la gobernabilidad democrática, deben contar con recursos suficientes. Sin embargo, la experiencia demuestra que es posible generar ahorros sustanciales sin afectar la calidad de la representación ni la certeza de los resultados. La propuesta plantea una reducción aproximada de 15 mil millones de pesos, equivalente al 25% del costo de la última elección. 

Una parte importante del ahorro proviene de racionalizar el funcionamiento del sistema electoral. La iniciativa plantea reducir duplicidades, revisar áreas administrativas y ajustar las remuneraciones en apego al marco constitucional, para evitar costos que no inciden directamente en la organización de las elecciones. El objetivo es optimizar recursos, fortalecer funciones sustantivas como la fiscalización y asegurar que el sistema opere con mayor eficiencia. 

Por otra parte, en el caso del Senado resulta positivo suprimir la elección por el principio de representación proporcional mediante lista nacional, pues desde su origen constitucional e histórico esta Cámara representa a las entidades federativas. En consecuencia, se justifica una integración igualitaria por estado: dos senadurías de mayoría y una de primera minoría. Respecto a la Cámara de Diputados, la propuesta mantiene el número de legisladores de representación proporcional, pero mejora el mecanismo al asignar esas curules a candidaturas de primera minoría, garantizando que quienes accedan a ellas cuenten con respaldo ciudadano y no únicamente con la decisión de las cúpulas partidistas. 

La propuesta deja pendiente avanzar hacia un Calendario Electoral Único que permita empatar las elecciones de los distintos niveles de gobierno y poderes en una sola jornada cada tres y seis años, lo que generaría ahorros adicionales. 

La reforma ha sido sometida a un proceso amplio de diálogo y escucha. No obstante, algunos sectores de la oposición y de los medios han optado por descalificarla de manera automática basada en el origen de la iniciativa, como si el gobierno no tuviera legitimidad democrática para promover esta o cualquier otra reforma surgida de una demanda ciudadana. 

Dentro de la propia alianza de partidos que impulsan la Cuarta Transformación existen posturas diversas que podrían incidir en la construcción de la mayoría calificada necesaria. Esa pluralidad es parte natural de la democracia. Será en el debate y la votación en el Congreso donde se contrasten los argumentos y, para quienes así lo decidan, se construyan los consensos y se cierren filas en torno al proyecto transformador.

POR LUIS FERNANDO SALAZAR

© El Heraldo de México