Para nadie es nuevo que cada vez aumentan más las tensiones entre el sector empresarial y el gobierno de Samuel García, en Nuevo León. La acusación de extorsión por parte de la empresa Matrimar, que denunció que las clausuras y sanciones ambientales fueron utilizadas como un mecanismo de presión, no solo pone en entredicho la legalidad de las acciones del gobierno, sino que también refleja un patrón de manejo autoritario y poco transparente de los recursos y el poder.

A unas horas de ganar un amparo para abrir sus operaciones, la pedrera cerró de nuevo y acusó al Gobierno del Estado de exigirle dinero en efectivo. La postura de Materiales Triturados Martínez, Matrimar S.A de C.V, de José Santos e Ignacio Martínez Gutiérrez, no es aislada, sino que forma parte de un fenómeno más amplio en el que el empresariado local ha manifestado su preocupación por la actitud fiscal y de persecución del gobierno estatal.

La denuncia de extorsión no solo se limita a este caso particular, sino que es parte de un clima generalizado de hostilidad contra el sector privado. En esta administración, parece que la relación entre los empresarios y el gobierno no se basa en un trato de respeto mutuo, sino en una dinámica de constante presión y desconfianza. El intento de imponer nuevos impuestos, como el aumento al Impuesto Sobre........

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