Hace apenas dos días, el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García Sepúlveda, dio prácticamente por cerrado uno de los cuestionamientos que más incomodidad habían generado entre empresarios y autoridades. Después de una Mesa de Construcción de la Paz celebrada el 28 de agosto, Miguel Ángel Flores Serna, secretario General de Gobierno, aseguró que en el estado “no existe la extorsión” hacia el sector empresarial. Según el funcionario, así lo manifestaron representantes de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), presidida por Jorge Santos Reyna, y de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), de Augusto Ramos Melo. Gerardo Escamilla Vargas, secretario de Seguridad estatal y titular de Fuerza Civil, ya había matizado días antes que parte de los señalamientos correspondían en realidad a posibles cobros ilegales de agentes municipales de Tránsito y no a cobro de piso.

La conclusión sería tranquilizadora de no existir antecedentes tan recientes. El 7 de mayo, el propio Jorge Santos Reyna informó que tres de cada 10 empresas afiliadas a Caintra reportaban inspecciones que consideraban ilegales por autoridades municipales, estatales y federales. La Cámara advirtió entonces sobre duplicidad de funciones entre alrededor de 20 dependencias y los espacios de discrecionalidad que podían terminar en clausuras o extorsiones. Coparmex también había colocado el problema sobre la mesa: entre las empresas afiliadas que dijeron haber sufrido extorsión, 37% señaló como responsables a autoridades o personas que aparentaban serlo. Eran denuncias empresariales,........

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