En septiembre de 2023, desde el entonces Pleno del INAI, resolvimos diversos recursos de revisión relacionados con solicitudes de información sobre la documentación de los foros en los que se consultaron los nuevos libros de texto gratuitos y los planes de estudio para el ciclo escolar 2023-2024. Determinamos por unanimidad que la información debía entregarse en versión pública.

La controversia no era menor. El contenido de los nuevos libros dividió a madres y padres de familia y encendió un debate nacional sobre su pertinencia, alcance y sustento pedagógico. Precisamente por ello, la transparencia era indispensable.

Meses antes, la SEP había clasificado la información argumentando que contenía datos personales y que, al tratarse de un proceso deliberativo en curso, su difusión podía afectar el desarrollo de los materiales educativos. Sin embargo, el derecho a saber exige ponderación, no reservas automáticas. 

La información nunca se entregó en los términos ordenados y comenzaron a acumularse nuevos recursos de inconformidad. El asunto escaló incluso a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a la que se le instruyó informar sobre el número de libros editados para el ciclo 2023-2024 y el costo de su producción. La respuesta volvió a ser la reserva, bajo el argumento de la existencia de amparos. Ello profundizó la polémica y sembró dudas razonables de opacidad.

Marx Arriaga sostuvo que la elaboración de los libros se realizó mediante un ejercicio de “Gobierno Abierto” con la participación de más de un millón de personas en 32 asambleas. Si así fue, la documentación debía respaldarlo. Todo proceso público tiene un cierre. Tras anunciarse su salida de la Secretaría de Educación, lanzó una acusación pública de corrupción al interior de la dependencia. Si había irregularidades, ¿por qué no denunciarlas oportunamente?, ¿por qué esperar al momento de la separación del cargo? En cambio, sigue aferrado a quedarse en un puesto en el que también se ha comentado por diferentes fuentes que solicitaba “moches” a los trabajadores, resulta contradictorio pues eso sí es una primera prueba de corrupción.

Las acusaciones en conferencia de prensa, sin una denuncia formal ante las instancias competentes, suenan más a ruptura política que a un acto de responsabilidad institucional. Un servidor público no puede guardar silencio frente a posibles actos ilícitos, pero tampoco aferrarse a un cargo. Hacerlo debilita la credibilidad del señalamiento y, al mismo tiempo, confirma que la exigencia de transparencia realizada por el Pleno del INAI en su momento era pertinente.

El trasfondo parece más político que jurídico. El distanciamiento con el titular de la SEP, Mario Delgado, es evidente. No es un secreto que los cambios de liderazgo implican reacomodos; Arriaga representaba una etapa marcada por la controversia de los libros de texto. Su permanencia nunca fue únicamente una decisión técnica, sino también política.

Su salida pudo haber cerrado un ciclo. Sin embargo, al optar por la confrontación pública, reavivó sospechas sobre la elaboración de los materiales, las asambleas anunciadas y los costos reportados.

Si existe corrupción y no se investigó a tiempo, la omisión sería grave. Pero un señalamiento sin pruebas también erosiona la confianza en una institución clave para el país.

La educación pública no puede ser rehén de disputas personales ni de ajustes políticos. Es uno de los temas más sensibles para millones de familias y uno de los sectores históricamente observados por la Auditoría Superior de la Federación.

Si hay pruebas, deben presentarse. Si no, la denuncia tardía quedará como reacción frente a la pérdida de poder y no como una auténtica defensa de la legalidad.

EX COMISIONADA DEL INAI

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