Michoacán vuelve a estar en el radar de Estados Unidos, pero esta vez la señal de alerta es mucho más seria para su economía. Hay que recordar que hace algunos años, el Gobierno estadounidense ya había puesto sobre la mesa un tema que parecía exclusivamente ambiental: el crecimiento de huertas de aguacate en zonas forestales y áreas donde no estaba autorizado el cambio de uso de suelo.

Incluso Ken Salazar, entonces embajador de Estados Unidos en México, advirtió que los aguacates provenientes de huertas ilegales no deberían tener acceso al mercado estadounidense, y ese mensaje que fue llevado al Congreso de ese país se dio en pleno momento del Super Bowl, pero parece que nadie escuchó.

Y es que el asunto no quedó solamente en declaraciones. En febrero de este año, la Profepa informó que, derivado de una petición ciudadana presentada ante la Comisión para la Cooperación Ambiental, realizó inspecciones en Michoacán, gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla, y clausuró predios donde se había desmontado vegetación nativa para sembrar aguacate. Esto porque en uno de los casos encontró el derribo de encinos en más de 120 hectáreas para plantar más de 41 mil aguacates y en junio, la propia Profepa reportó el derribo ilegal de mil 70 árboles y afectaciones en casi 24 hectáreas dentro de áreas naturales protegidas, y el gobierno estatal nada hizo.

Ahora el problema es otro, pero las consecuencias pueden ser mucho mayores, y ahí, la Sagarpa que lleva Columba López, debe empezar a preparar el camino para un estado que tiene una fuerte dependencia económica con Estados Unidos por las ventas que realiza en materia de agro, porque las puertas se les están cerrando.

Y es que a todo ese problema que no se ha resuelto, Estados Unidos ubicó a Michoacán en nivel 4 de su alerta de viaje, es decir, “no viajar”, por delincuencia y secuestro. Y este........

© El Financiero