En México tenemos una extraña habilidad para convertir las fechas límite en simples recomendaciones. Ocurrió con la factura electrónica, con diversos trámites fiscales y ahora sucede con el registro obligatorio de líneas celulares. Cuando parecía que el reloj finalmente obligaría a millones de usuarios a regularizar su información, llegó la prórroga: seis meses más.

Desde el inicio, especialistas en telecomunicaciones advirtieron que esta medida tenía fallas en su redacción y tiempos, lo que, sumado a la resistencia de millones a registrarse, por miedo a la seguridad de dejar su información en manos de terceros, (si es cierto, muchos bajan aplicaciones y ya comprometieron datos más sensibles), pero al ser una medida gubernamental la desconfianza está presente.

La medida que está a cargo de la (CRT), que es un órgano desconcentrado que depende directamente de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones que lleva José Antonio Peña Merino, tendrá ahora seis meses más para ponerse en marcha, o se irán desconectando las líneas; todo concluirá en diciembre.

Pero la pregunta inevitable es si las autoridades no están cayendo, otra vez, en la historia del “ahí viene el lobo”. Porque cuando un plazo se mueve, el mensaje para los ciudadanos es claro: no hay prisa, al final siempre habrá otra oportunidad. Y eso termina debilitando cualquier política pública, por más buenas intenciones que tenga.

Lo preocupante es que detrás del registro no está un simple trámite administrativo, al menos eso se han cansado de repetir: que el objetivo es combatir uno de los delitos que más lastima a las familias y a las empresas que es la extorsión. Un crimen que no disminuye, que se ha sofisticado y que utiliza precisamente líneas telefónicas difíciles de rastrear por operar desde cárceles o desde grupos criminales.

El tema para la banca ha sido muy importante, porque desde el anuncio han trabajado en que los clientes se registren, para que no pierdan acceso a la banca móvil si su........

© El Financiero