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La Ley General de Educación que rige nuestro sistema educativo se promulgó hace 32 años. Fue una ley ampliamente discutida y concertada, hija dilecta de la Constitución Política de 1991. En ella, entre otras muchas cosas, se les otorgó a las instituciones escolares la posibilidad de dirigir sus pasos, de poner sus énfasis, de establecer sus prioridades.

Eso, aunque parezca mentira, no había pasado, así de explícitamente, al menos desde la Constitución de Rionegro de 1863. Históricamente, siempre fue el Estado (y su socio, la Iglesia Católica) el que dictaba, casi literalmente, lo que había que enseñar, lo que no había que enseñar y cómo había que evaluarlo. Los disensos se contaban con los dedos de las manos y eran mirados con el ojo inquisidor de las suspicacias.

Una apuesta por la autonomía así, como la que la Ley en sus líneas y sus entrelíneas consagró, era inédita al menos en el siglo pasado. No es un hecho casual que el Concordato con la Santa Sede se hubiera firmado tan solo un año después de la promulgación de la Constitución de 1886, que, como sabemos, duró 105 años y dio inicio a lo que conocemos........

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