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Luego del repudiable atentado en contra del senador Miguel Uribe —de quien deseamos su pronta recuperación y regreso a la política— es necesario pensar en los desafíos que enfrenta ahora la democracia colombiana, pero hacerlo con una perspectiva histórica y partiendo de la premisa, según la cual, la Constitución de 1991 —que surge, precisamente, en un contexto de una grave situación de violencia política en el país— es el marco adecuado para tramitar los conflictos políticos y las crisis institucionales derivadas de estos.

Colombia tiene un trauma de vieja data con la violencia política: desde los tiempos de Rafael Uribe o Jorge Eliécer Gaitán, esta ha estado presente en nuestra historia y no la hemos podido desterrar de la esfera pública. Los crímenes de Rodrigo Lara Bonilla, Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán, y más adelante el de Álvaro Gómez Hurtado, dejaron profunda huella en nuestro inconsciente colectivo, que se reactivó con el atentado a Uribe Turbay. Esos fueron crímenes políticos, con motivaciones y efectos políticos profundos, y no solamente un “fenómeno delincuencial”, como ha sostenido........

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