Este 2026 iba a ser el año en que se aprobase la condonación de la deuda de las CCAA, el del nuevo modelo de financiación autonómica e incluso aquel en que habría Presupuestos Generales del Estado por primera vez en esta legislatura. De momento, no parece que vayamos a tener nada de eso. Y no, no es culpa de la guerra de Irán, aunque solo sea porque todas estas medidas llevaban tiempo en el congelador. En esta parálisis han influido otros factores, fundamentalmente políticos y de opinión pública.

En España, últimamente, parece más complicado aprobar unos presupuestos que una Ley Orgánica de Amnistía, por ejemplo, que supone una excepción general a la aplicación del Derecho Penal. Como resulta tan difícil, el Gobierno ha renunciado a presentarlos, pese a que el mandato constitucional es diáfano: los Presupuestos pueden aprobarse o no, pero el Gobierno tiene la obligación de presentarlos antes del 1 de octubre del año anterior. Esta omisión está privando a las Cortes Generales de una de sus funciones esenciales: el debate y aprobación de los Presupuestos. No es un asunto menor. De hecho, los parlamentos nacieron en la Edad Media precisamente para autorizar los gastos de la monarquía. En el caso español, además, los presupuestos prorrogados —ya por tercera vez— fueron aprobados por unas Cortes Generales ya disueltas y que, obviamente, ya no representan a los españoles.

Cualquiera podría pensar que con unos presupuestos prorrogados y "congelados" no es posible ni gobernar ni acometer reformas en profundidad, como la condonación de la deuda autonómica o un nuevo sistema de financiación. Sin embargo, lo primero —gobernar, o al menos ir tirando— está resultando posible, con independencia del coste........

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