Como venimos reiterando desde hace tiempo nunca, al menos desde que yo recuerde, la economía española había mostrado una desconexión entre las estadísticas macroeconómicas y la situación de la economía real de los ciudadanos y familias de una sociedad empobrecida. Con un crecimiento del PIB dopado por el desmesurado gasto público, por las ganancias derivadas del aumento de la población generado por la inmigración, y la llegada de los fondos europeos, es cada vez más evidente que España está hoy inmersa en eso que los economistas definen como "recesión silenciosa".

Fondos europeos que, además, el gobierno está ejecutando tarde y mal, como refleja el hecho de que sigue sin gastar 37.686 millones de euros, el 47,2% de las transferencias asignadas, a diez meses para que finalice el plazo legal de ejecución del Plan de Recuperación, fijado para el 31 de diciembre de 2026.

Así, y mientras Sánchez sigue presumiendo en mítines y comparecencias varias de lo que él considera buenos resultados de la economía el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Elena Manzanera, puesta allí por Sánchez y nada sospechosa de ultraderechista, acaba de publicar la Encuesta de Condiciones de Vida, en la que confirma que un 25,7% de la población española, más de 12 millones de personas, estaba en riesgo de pobreza o exclusión social al cierre de 2025, cifra prácticamente idéntica a la del año precedente y siendo los menores de 16 años los más afectados, un 33,9% de ellos en esta situación.

Un dato tan rotundo como espeluznante el del instituto oficial que viene a corroborar los publicados anteriormente por el IX Informe de Cáritas sobre exclusión social y que constituyen una radiografía perfecta de la situación real de un país en el que desde la llegada de Sánchez al gobierno los ciudadanos y las familias son más pobres, con mayor desigualdad y una exclusión social disparada y en aumento.

Informe en el que se constata que en España hoy viven 4,3 millones de personas en situación de exclusión severa, un tercio de las cuales, 1,4 millones, son niños lo que lleva a los autores del estudios a afirmar categóricamente que "la clase media española se está deteriorando, llevando a muchas personas a los estratos más bajos".

Añadir a esto que los perceptores del ingreso mínimo vital, es decir el subsidio para las familias que no llegan a un nivel mínimo de renta para subsistir, ha crecido en 393.892 personas, un 19% más, durante el año 2025, hasta superar los 2,4 millones de personas. Dato este del que también presume el que se autodenomina gobierno más progresista de la historia, cuando más que para presumir debería ser un dato para la vergüenza y el espejo de sus incapacidades de gestión.

Una situación dramática cuya causa primera y esencial es un mercado laboral contaminado por la precariedad y la rotación en el empleo hasta el punto de que en la España del sanchismo tener un trabajo fijo ha dejado de ser sinónimo de tener un empleo estable y poder llegar a fin de mes. A lo que hay que añadir unos precios de la vivienda inasumibles para la mayoría de la población, una inflación desmesurada, el deterioro de los servicios y unos impuestos abusivos y de usura que revelan, el fracaso de las políticas económicas y sociales del gobierno.

Toda una muestra de dejación e ineficacia en un país donde el PIB per cápita, indicador que introduce el factor población en la ecuación y mide la riqueza por habitante, está en 32. 630 euros por habitante, un 25% por debajo de los 43.310 euros por habitante de media en la eurozona, con datos de la oficina de estadísticas de la Comisión Europea, Eurostat.

Generar pobreza en lugar de crear riqueza, como hace este gobierno del sanchismo no es política social, es el fracaso de una política económica de subsidios y de una reforma laboral que reparte el escaso empleo existente que nos sitúan a la cabeza de la pobreza de la UE. Como somos también los líderes en desempleo y en paro juvenil. Y la sociedad civil anestesiada.

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