La política económica, cuando se aleja de los principios básicos de racionalidad, incentivos y sostenibilidad, acaba generando efectos exactamente contrarios a los que proclama perseguir. La reciente apuesta del Gobierno por una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular constituye un ejemplo paradigmático de ello: una medida presentada como humanitaria y necesaria que, sin embargo, plantea serias dudas tanto en términos de convivencia como, sobre todo, desde una perspectiva económica.

En primer lugar, resulta difícil obviar una cuestión elemental de orden público. La regularización sin una verificación rigurosa de antecedentes penales y policiales no es un asunto menor ni una objeción retórica. El Estado de Derecho se fundamenta en la seguridad jurídica y en la protección de los ciudadanos. Renunciar a controles exhaustivos implica asumir, aunque sea de forma implícita, el riesgo de integrar en el sistema a individuos que podrían haber cometido delitos. No se trata de estigmatizar, sino de aplicar el mismo estándar que se exige a cualquier ciudadano o residente legal. La convivencia no se protege con declaraciones de intenciones, sino con instituciones que funcionan.

Ahora bien, más allá de esta dimensión, otra parte fundamental del problema es económico. España parte de una situación fiscal extraordinariamente delicada: un nivel de deuda pública disparado, un déficit estructural persistente y un sistema de prestaciones que ya presenta signos evidentes de insostenibilidad. En este contexto, incorporar de golpe a cientos de........

© El Economista