Las crisis internacionales suelen tener un efecto previsible en la política económica doméstica: ofrecen a los gobiernos una oportunidad para justificar decisiones que, en otras circunstancias, resultarían más difíciles de defender. La guerra entre Irán y Estados Unidos –o cualquier episodio de tensión geopolítica en Oriente Próximo– tiene un impacto inmediato en los mercados energéticos y, por tanto, en la inflación, pero también puede convertirse en un argumento político conveniente.

En España, Pedro Sánchez utiliza siempre toda perturbación en la economía como coartada para reactivar una política de gasto público extraordinario, similar a la desplegada durante la pandemia o durante la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, como hemos visto que volvió a hacer en la rueda de prensa posterior al esperpéntico Consejo de Ministros retrasado durante más de dos horas por el plante de los ministros de Sumar.

El esquema es conocido: se anticipa una posible subida de precios –especialmente del petróleo y del gas–, se advierte del impacto que podría tener sobre los hogares y las empresas, y se anuncia la necesidad de movilizar recursos públicos para "proteger a la economía". En apariencia, el objetivo es compensar los efectos de un shock externo. En la práctica, el resultado suele ser una expansión adicional del gasto público.

Lo malo, además de que aumentar el gasto es el problema y no la solución, es que España no tiene margen fiscal para repetir esa estrategia. Las cuentas públicas españolas parten de una situación estructuralmente frágil. El déficit público sigue siendo elevado y la deuda pública supera ampliamente el 100% del PIB. Incluso después de varios años de crecimiento económico relativamente robusto, el ajuste fiscal ha sido muy limitado y sólo en términos de PIB, porque en valores absolutos ha seguido aumentando. Así, España mantiene uno de los mayores déficits estructurales de la eurozona. Esto significa que cualquier expansión adicional del gasto público se financiará inevitablemente con más deuda. Y eso tiene consecuencias. Adicionalmente, las medidas introducidas en el decreto, que van contra las nucleares o que quieren controlar los márgenes empresariales, corrompen lo que debería ser el decreto, además de modificar la norma para poder manejar los presupuestos prorrogados a su antojo. Si a ello le añadimos el decreto de control de precios de alquiler e intervención de la vivienda, el disparate se consuma y se convierten en decretos-trampa. Si no sale adelante, el responsable será el Gobierno, por tratar de engañar a todos.

La política económica responsable exige distinguir entre medidas temporales y cambios estructurales. Las primeras pueden justificarse en situaciones extraordinarias y con carácter estrictamente limitado en el tiempo. Las segundas, en cambio, generan compromisos permanentes de gasto que acaban consolidándose en el presupuesto.

La experiencia reciente muestra que muchas de las medidas aprobadas bajo la etiqueta de "temporales" terminan convirtiéndose en permanentes. Subsidios, ayudas directas o programas de transferencias se incorporan al sistema económico y resultan políticamente difíciles de retirar. El riesgo es evidente: la economía española puede quedar atrapada en una dinámica creciente de subsidios y transferencias públicas, que su estructura fiscal ya no aguanta.

El verdadero desafío de la economía española no es únicamente gestionar las crisis coyunturales, sino reconstruir una senda fiscal sostenible. Eso exige disciplina presupuestaria, reformas estructurales y una política económica que priorice el crecimiento y la productividad por encima de la expansión continua del gasto.

Por eso, en el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria hemos lanzado las siguientes propuestas:

1. Rebaja de los impuestos a la energía y a los hidrocarburos, que constituyen una gran parte del precio de dichos bienes y servicios. Debe ser generalizada, no por sectores, sino a todos los agentes económicos.

2. Rebaja del IVA en los productos que lo permita la normativa europea y solicitud a la UE de la inclusión de los productos esenciales que no entren en el grupo en el que se puede aplicar la reducción del impuesto.

3. Incentivos fiscales al tejido empresarial mediante medidas que permitan un mayor período de compensación de pérdidas y actuaciones específicas que aliviasen su carga tributaria, para permitirles sobrellevar mejor el encarecimiento de los costes inherentes a su actividad.

4. Deflactar el IRPF, para liberar renta disponible para los agentes económicos.

5. Llevar a cabo una reforma energética que intensifique el uso de la energía nuclear, como energía limpia, y del fracking, que disminuya la dependencia energética de la economía española.

6. Elaboración de los Presupuestos Generales del Estado desde un planteamiento de presupuesto de base cero, para eliminar los gastos innecesarios y preservar los esenciales

7. Flexibilizar el mercado laboral, de manera que no suponga una losa a la contratación y que se incremente la productividad.

8. Aliviar la carga que suponen las cotizaciones a la Seguridad Social.

Todo ello, como preámbulo de las grandes reformas que necesita la economía española para crecer de manera sostenible y productiva en el tiempo. No sirve una mera rebaja temporal del IVA y de los impuestos a los hidrocarburos y a la energía: la bajada tiene que ser permanente y en el marco de una rebaja tributaria más ambiciosa, junto con la eliminación de gasto innecesario y la realización de reformas profundas que dinamicen la economía y la hagan menos dependiente energéticamente.

Sin embargo, con un gobierno dividido, que simplemente se mantiene unido para estar, no para gobernar, tras el esperpento del consejo de ministros extraordinario del viernes, poco podemos esperar más que los decretos-trampa que ha aprobado.

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