Las crisis internacionales suelen tener un efecto previsible en la política económica doméstica: ofrecen a los gobiernos una oportunidad para justificar decisiones que, en otras circunstancias, resultarían más difíciles de defender. La guerra entre Irán y Estados Unidos –o cualquier episodio de tensión geopolítica en Oriente Próximo– tiene un impacto inmediato en los mercados energéticos y, por tanto, en la inflación, pero también puede convertirse en un argumento político conveniente.

En España, Pedro Sánchez utiliza siempre toda perturbación en la economía como coartada para reactivar una política de gasto público extraordinario, similar a la desplegada durante la pandemia o durante la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, como hemos visto que volvió a hacer en la rueda de prensa posterior al esperpéntico Consejo de Ministros retrasado durante más de dos horas por el plante de los ministros de Sumar.

El esquema es conocido: se anticipa una posible subida de precios –especialmente del petróleo y del gas–, se advierte del impacto que podría tener sobre los hogares y las empresas, y se anuncia la necesidad de movilizar recursos públicos para "proteger a la economía". En apariencia, el objetivo es compensar los efectos de un shock externo. En la práctica, el resultado suele ser una expansión adicional del gasto público.

Lo malo, además de que aumentar el gasto es el problema y no la solución, es que España no tiene margen........

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