El que no sabe a dónde va suele acabar en otra parte, aunque vaya muy rápido. Señalaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que "la economía española iba como un cohete". Esto es discutible, aunque hay algunos datos que sí son sorprendentemente positivos, como, por ejemplo, la recaudación de impuestos, que encadena un récord detrás de otro, o también el propio crecimiento del PIB.

Esto conviene analizarlo respecto de una de las decisiones políticas más relevantes de los últimos años: la regularización masiva de inmigrantes, sin más requisitos que el hecho de que estén ya en España. Esta decisión, por cierto, no se toma por ley, sino por reglamento. Esto puede generar inseguridad jurídica, y desde luego, tiene un enorme déficit democrático ¿Qué rumbo llevamos?

Empezando por las obviedades, el PIB de España, y la recaudación de impuestos están creciendo porque cada vez somos más. El pasado jueves, el INE informaba de que, a uno de enero, ya éramos más de 49,5 millones de habitantes en España, de los cuales más del 20% habían nacido en el extranjero. Como el número de nacimientos es inferior al de defunciones, la razón del incremento de población es que recibimos todos los años. Probablemente, este saldo se haya moderado respecto de los más de 679.000 inmigrantes netos que España tuvo en 2024.

Este aumento demográfico aumenta el crecimiento económico, especialmente si los recién llegados están en edad de trabajar y se incorporan al mercado de trabajo. Por supuesto, este hecho también permite aumentar la recaudación de impuestos. Pero, también se incrementan las necesidades de gasto público, el uso de infraestructuras y la demanda de viviendas. Este último factor es simplemente crítico, dado que el precio de la vivienda ya es el principal factor que impide a muchos jóvenes tener un proyecto vital, y en general, es una gran losa para muchísimos españoles.

Nuevamente, según el INE, se crearon el año pasado más de 225.000 nuevos hogares. Y por supuesto, se construyeron muchas menos viviendas. Esto ha llevado a que el precio de la vivienda aumentando. De hecho, probablemente una de las razones que han llevado a que, probablemente, el saldo demográfico se haya moderado esté, precisamente, en el precio de la vivienda.

Aunque la cuestión de vivienda sea crítica, también está claro que el estado de mantenimiento de las grandes infraestructuras, carreteras, líneas férreas o presas no es precisamente el adecuado. Esto, por supuesto, se debe a la falta de inversiones, especialmente de mantenimiento y conservación, pese al récord de recaudación fiscal. Pero también se debe a que estas infraestructuras se utilizan más, por el crecimiento económico, y por la sencillísima razón de que somos más.

También estamos recaudando más impuestos, no sólo porque seamos más, sino también por la inflación, y porque los impuestos han subido. Por una parte, como la mayor parte de los impuestos tienen base monetaria, cuando hay inflación se recauda más. Por otra parte, no se ha adaptado ninguno de los parámetros de nuestro principal impuesto, el IRPF a la inflación. Esto lleva muchos años sin hacerse, y se ha mantenido en años con una inflación importante como 2021 y 2022.

Pero está lloviendo sobre mojado. Por una parte, el aumento de los salarios, principal fuente de renta de la mayoría de la población ha sido inferior al de los precios en los últimos años. Pero, además, la inmensa mayoría de los españoles ha pagado un porcentaje mayor de IRPF, aunque su renta real no haya aumentado, sino que se haya reducido. Se recaudan más impuestos porque hay más residentes, españoles y extranjeros, trabajando, y porque hay crecimiento económico, pero también porque los impuestos han subido. En algunos casos, como en el IVA porque se han recuperado los tipos anteriores a la situación de pandemia, es decir por subidas de impuestos. En otros casos, y esto es más relevante, por no adaptar el IRPF a la inflación. Esto que se conoce en jerga como progresividad en frío, es una subida acumulativa de impuestos, de una cuantía enorme, además, sin pasar por el Parlamento.

Ahora bien, los asalariados que menos ganan, los que cobran el SMI, no pagan IRPF. Los que ganan un poco más, si tienen cargas familiares o alguna deducción por otro motivo, tampoco. Esto significa que muchos inmigrantes, aunque se regularizasen, sólo seguirían pagando los impuestos indirectos. Evidentemente, si un trabajador se regulariza, empezarían él y su empresario a cotizar a la Seguridad Social. Pero estas cotizaciones generan derechos, que luego hay que pagar cuando se producen las contingencias, como incapacidad, desempleo o pensiones. El saldo fiscal a corto plazo igual acaba siendo positivo, pero con una gran probabilidad no lo será ni a medio, ni mucho menos a largo plazo.

El factor fiscal no es el único factor relevante, pero no debemos engañarnos pensando que esto mejorará nuestras cuentas, que han mejorado muy poco, pese al aumento de la recaudación. Aquí habría que tener en cuenta tres cuestiones adicionales. La primera es que, si no se exige contrato de trabajo, como en regularizaciones anteriores, habrá inmigrantes regularizados que no trabajen, no coticen y no paguen más impuestos. En segundo lugar, que, gracias al derecho de reagrupación familiar, no se regularizarán sólo 500.000 inmigrantes que ya están aquí, casi todos en edad de trabajar, sino muchísimos más, que no trabajarán. A corto plazo, en el caso de menores supondrá gasto educativo adicional. Y en general, esto supondrá más población que atender en los servicios sanitarios, y también más presión sobre las infraestructuras, y más demanda de vivienda.

En tercer lugar, tendremos un "efecto llamada" relevante, tanto porque no se exige nada, ya que hasta el certificado de carecer de antecedentes penales se puede sustituir por una "declaración responsable" de alguien, que, en el mejor de los casos, se saltó la ley de extranjería. Esto puede hacer que haya delincuentes que estén en otros países que se intenten regularizar en España, y por supuesto, que sigan acudiendo otros inmigrantes. Y esto va a presionar al alza la demanda de viviendas, especialmente en alquiler, de personas vulnerables, que los caseros simplemente no saben si podrán desahuciar si no pagan.

Necesitamos inmigración, o por lo menos, nos puede venir bien para cubrir muchos puestos de trabajo, si los procesos se hacen adecuadamente. Además, España como país turístico, no puede establecer controles draconianos en frontera, ni tampoco a los que han entrado legalmente por un tiempo y luego se quedan. Pero, los españoles, o por lo menos sus representantes, que son los diputados y senadores, deberían tener algo que decir en quiénes vienen a residir a España, y en qué condiciones. Necesitamos una política migratoria, que simplemente no tenemos. Una regularización sin requisitos es simplemente un fracaso. Y el fracaso no debería ser una opción.

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