La reciente sentencia de la Audiencia Nacional que anula la multa de 25 millones de euros impuesta por la CNMC a Iberdrola Generación por supuesta manipulación del mercado eléctrico en diciembre de 2013 debería leerse en clave económica antes que jurídica. Este caso ilustra con precisión quirúrgica un problema que atraviesa a toda la economía española: el elevadísimo coste, para empresas y para el Estado, de convertir cada controversia regulatoria en un litigio de una década.

Conviene recordar los hechos. El expediente sancionador fue impulsado por la CNMC durante el mandato del entonces ministro de Industria, José Manuel Soria. La resolución, adoptada en 2015, calificó como infracción muy grave la formación de precios de las unidades hidráulicas del Duero, Sil y Tajo entre finales de noviembre y diciembre de 2013 y aplicó la sanción máxima disponible. Más de un año después, sin que la CNMC remitiera ningún expediente, esa misma resolución dio origen a una denuncia de la fiscalía que derivó en un procedimiento penal por un delito contra el mercado y los consumidores, que se prolongó siete años. Con la instrucción llegó una imagen difícilmente olvidable: la entrada de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la sede central de la eléctrica, con registros, incautación........

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