Como fue anunciado por la prensa durante varios días, los partidos aliados del gobierno, Verde Ecologista de México y del Trabajo, votaron en contra de la reforma electoral propuesta por el gobierno. Dicha reforma limitaba el acceso a legisladores de representación proporcional de la oposición, reducía su financiamiento y mutilaba al INE, como ha sido el interés de este gobierno.

Esta historia ya la vivimos. Durante el gobierno de López Obrador se impulsó una reforma que tenía como propósito reducir al órgano electoral a un espectador del proceso comicial. Cuando no juntaron los votos para dicha reforma, decidieron emprender lo que llamaron “el Plan B”, que implicaba aprobar todas esas reformas que pretendían a través de legislación secundaria. En ese tenor, se impugnó dicha reforma por la vía de acción de inconstitucionalidad. Finalmente, dicha reforma fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando esto sucedió, López Obrador enfureció y decidió lanzar el “Plan C”, que era buscar el voto para Morena de forma masiva.

Sheinbaum no entendió esta situación y nuevamente decidió lanzar su plan de reforma electoral. El mismo afectaba a los partidos que le ayudaron al oficialismo a robarse la mayoría calificada en el Congreso, misma que les permitió iniciar la ejecución de su plan de desmantelamiento institucional que se ha llevado a cabo en México desde el obradorato hasta la fecha.

Ahora que sus partidos aliados se sintieron agraviados y vilipendiados, la Presidenta con A amenaza con lanzar otro nuevo “Plan B”, pero 2.0, donde trataría de meterle mano al tema electoral en el ámbito local.

Supuestamente ese “Plan B” es un tema de orden constitucional, en donde pretenden meterle mano a los municipios y órganos locales, en un atentado más contra el federalismo. Sin embargo, existe el riesgo de que, desde ahí, pretendan meter mano nuevamente al régimen federal.

Evidentemente sus partidos aliados no acompañarán esta reforma. Sin embargo, con los votos del oficialismo tiene para aprobar dicha reforma. La misma excedería sus límites y tendría que ser impugnada por vía de acción de inconstitucionalidad. El único problema es que a la instancia que le toca conocer de esta reforma es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (del Bienestar). Ahí es desde donde se podría avalar el atropello al sistema democrático mexicano, pues esos juzgadores responden a los intereses del gobierno, no a los de la Constitución, cuyo principal propósito es limitar al gobierno.

La pregunta que me hago es: ¿por qué esa obstinación de la Presidenta de reformar el sistema electoral mexicano? Ese mismo sistema es el que le permitió llegar al poder a ella. ¿Tiene temor de perder la mayoría legislativa en la segunda mitad de su mandato? La Presidenta está corriendo ese riesgo, pues está provocando que tanto el PT como el PVEM se conviertan en opositores, si ven sus canonjías ponerse en riesgo.

Como lo comenté en la entrega anterior, la reforma electoral no es de ninguna forma una reforma urgente para el sistema. Suponiendo que hubiera sido aprobada, lo único que hubiera cambiado es que la Cámara de Diputados tendría una composición distinta; pero el Senado seguiría intacto, pues el mismo se renueva hasta 2030.

Si lo que pretende con esa reforma es sacudirse a sus aliados, entonces creo que es buena señal para formar una gran alianza opositora en México, en donde solo habría dos opciones: oficialismo u oposición. Esperemos que el PVEM y el PT decidan dar ese paso, para el efecto de que se deje de desmantelar la estructura institucional de México al menos en la segunda mitad del sexenio.

Por otro lado, si lo que pretende con esa reforma es sacudirse a los obradoristas, creo que la misma también es insuficiente. Esto es así, pues tiene a los obradoristas hasta en la Secretaría de Gobernación. No se diga en las cámaras o en su partido.

Creo que Claudia Sheinbaum demostró mucha arrogancia al mandar una reforma que sabía que no pasaría. Aunado a ello, estoy seguro de que hay muchas reformas en las cuales necesita la participación de sus aliados. ¿Por qué presentar una reforma que lo único que hace es afectar sus intereses?

Sheinbaum, en su postura, se encuentra muy alejada de lo que se conoce como ‘realpolitik’. No puede pretender que sus aliados sigan aprobándole todo si pretendió eliminarlos. Aunque, precisamente en ejercicio de la ‘realpolitik’, sus aliados simplemente pueden subir el precio de las cosas.

El haber presentado esta reforma en el primer tercio de su sexenio traerá como consecuencia tensar la cosa con ellos. Eso es malo para ella, pues seguramente tiene muchas otras reformas analizadas para presentarse; sin embargo, es bueno para México.

Se requiere ampliar el espectro opositor en el país, pues el único partido que está dando la cara de frente al gobierno es el PRI. Esta es la forma de poder frenar todos los atropellos del gobierno mexicano.

Lo grave de todo esto es que el gobierno pretende eludir las disposiciones constitucionales a través de una triquiñuela tramposa. Es decir, el cumplimiento de la Constitución se ha vuelto optativo para el gobierno. La falta de Estado de Derecho es algo muy grave, y es más grave que quienes protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución sean los primeros en conculcarla.

Si se llega a aprobar ese “Plan B”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá si la misma es constitucional o no. No tengo duda de que el gobierno tiene el control de la Suprema Corte. Para eso fue diseñada la Reforma Judicial. Sin embargo, lo importante será ver a quién responden esos ministros, es decir, si responden al poder constitucional de la Presidencia o al poder fáctico que se va dictando desde Palenque. Ahí es donde se verán los compromisos que tienen aquellos que se supone que deben portar la toga sin que medien compromisos.

Por lo pronto, el oficialismo controla una parte del Congreso (excluyendo al PT y al PVEM, en cuanto a sus privilegios se refiere). Controlan al Tribunal Electoral y controlan la Suprema Corte. La fuerza corrupta de Morena es muy sólida. Pero insisto: la única forma de frenar todo esto es poner un verdadero contrapeso en el Congreso. Que los legisladores del PT y del PVEM se den cuenta de que para el oficialismo no son aliados, sino empleados. Solamente de esa forma se podrá.

México no aguanta más los excesos del poder. Se le tiene que poner un alto al oficialismo.

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