Las próximas campañas en nuestro Estado aún no han comenzado formalmente. No hay convocatorias oficiales, ni arranques multitudinarios, ni propaganda electoral declarada. Sin embargo, en los hechos, la contienda ya está en marcha. No con banderas y templetes, sino con estrategias finamente calculadas para transitar por los márgenes de la legalidad. Algo que en el campo político y ciudadano se a poco a poco normalizado.

Dentro del marco jurídico electoral mexicano, encabezado por el INE y aplicado en el ámbito local por el IEE, se prohíbe los actos anticipados de campaña. La finalidad es clara: garantizar condiciones de equidad y evitar ventajas indebidas antes del periodo legalmente establecido. Sin embargo, la línea entre promoción personalizada y actividad política legítima se ha vuelto cada vez más tenue.

En estos tiempos, no se pide el voto de manera directa. Se instala el nombre. No se presenta una plataforma electoral. Se posiciona una marca personal. No se articulan propuestas. Se construye una narrativa aspiracional. Bajo el esquema de conferencias “informativas”, informes “ciudadanos”, entrevistas “casuales”, revistas de “perfil humano”, espectaculares disfrazados de felicitaciones y una presencia digital constante que evita cuidadosamente cualquier llamado explícito al sufragio. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, muchas de estas acciones pueden ubicarse en una zona completamente gris. Y es que formalmente no constituyen campaña, pero para el ojo experimentado, sí lo son.

El objetivo no es persuadir mediante argumentos ensayados y complejos; es instalar familiaridad, inevitabilidad y presencia constante. En ese sentido, el engranaje electoral que anteriormente consideraba que la propaganda tenía soportes materiales identificables y rastreables, enfrenta ahora el desafío de un ecosistema digital donde la promoción se disemina mediante historias efímeras, transmisiones en vivo, colaboraciones con creadores de contenido y entrevistas amplificadas mediante pautas pagadas. Nada parece propaganda; todo parece espontáneo. Pero nadie da paso sin huarache.

El marketing digital de influencers dentro de la política ha tomado su propio camino. La viralidad se convertido en un objetivo dentro de la maquinaria política, entrar en las cabezas de sus electores con actividades rutinarias o temas del corazón transforman a las y los políticos en figuras de espectáculos. Encuadres fotográficos calculados, discursos confrontativos, mensajes que apelan a la “fortaleza”. “transformación”, “la acción” o el “cambio” prioriza el carácter por encima del contenido; La estética desplaza al debate y la emoción sustituye a la deliberación.

El problema está en que quien aspire a representar a la ciudadanía proyecte su personalidad (sin duda es algo que se buscaba, la cercanía con la ciudadanía) eso es legítimo y, en cierta medida, inevitable. El riesgo aparece cuando la narrativa emocional reemplaza la discusión sustantiva como la seguridad, desarrollo económico, política social o rendición de cuentas pues convertimos a la imagen del personaje en un distractor dejando de lado lo importante.

Esto lo percibimos con mayor claridad, con fenómenos que son recurrente en estas campañas que no son campañas (guiño, guiño) es el de los “amigos de” o “amigas de”: figuras que, sin ostentar candidatura formal ni cargo público relevante, se convierten en promotores sistemáticos de determinados perfiles políticos. Surgen portadas en revistas de procedencia incierta, con tirajes desconocidos pero amplia circulación digital. Aparecen entrevistas en espacios con escasa audiencia orgánica, pero amplificadas mediante inversión publicitaria. Se crean grupos cerrados en redes sociales que operan más como cámaras de eco que como verdaderos foros ciudadanos.

Desde una óptica estrictamente técnica, muchas de estas prácticas pueden defenderse ante tribunales sin problema. No hay llamado explícito al voto. No existe registro oficial de candidatura. No se acredita contratación directa de propaganda electoral. Pero el efecto acumulativo es claro: posicionamiento anticipado, saturación del nombre y construcción de percepción de inevitabilidad política.

Existe, además, una variable que no puede omitirse: la ciudadanía. El cociente colectivo hoy se forma, en gran medida, a partir de fragmentos informativos seleccionados por algoritmos. Las plataformas socio-digitales privilegian aquello que confirma nuestras preferencias previas creando con ello un entorno donde la información no se contrasta, sino que se reafirma y replica.

En la medida en que toleramos los atajos legales hoy, debilitamos la calidad de nuestra representación mañana. La democracia no sólo se vulnera con ilegalidades flagrantes; también se erosiona con la normalización de prácticas que, aunque formalmente permitidas, distorsionan la competencia en sus etapas iniciales.

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