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En medio de los ataques políticos por la incursión de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), algunos personeros morenistas, que reclaman traiciones a la patria y actos contra la soberanía, han traído al presente un acuerdo de 2022 entre la gobernadora Maru Campos con su homólogo texano, Greg Abbott.

Lo que firmaron ambos mandatarios en aquel año fue un “Memorando de Entendimiento” para facilitar el cruce de vehículos de carga por la frontera de Chihuahua con Estados Unidos, en el que se realizaron diversos acuerdos para garantizar la seguridad de ambas naciones y se reconocieron esfuerzos estatales en la materia.

Eso fue lo que llegó a destrabar una crisis de dimensiones importantes en el transporte, en pleno desbordamiento del fenómeno migratorio. Eso permitió después otros acuerdos en materia de seguridad, migración e intercambio de información para el combate al crimen.

Eso viene, decíamos, desde hace cuatro años. Ahora ha sido resucitado ese memorando, en una polémica artificial por la todavía no esclarecida intervención de la CIA en Chihuahua, a pesar de que en varias partes del país ha quedado en evidencia cómo Estados Unidos ha usado a sus agencias para diversos objetivos en México, siempre de manera más discreta y con aval de la 4T.

El caso es que ese acuerdo Texas-Chihuahua, que ahora quieren presentar como inconstitucional y servil para una potencia extranjera, no es muy diferente al que tiene Sonora con Arizona, promovido por el morenista Alfonso Durazo; ni el de Coahuila o Nuevo León, cuyos gobiernos son del PRI y Movimiento Ciudadano, también con Texas.

Eso sí, Tamaulipas y Baja California, al mando de los morenistas Américo Villarreal y Marina del Pilar Ávila, no tienen ese trato con sus vecinos, pero porque enfrentan señalamientos de posibles actividades criminales, uno a causa del huachicol y otra por su exesposo, Carlos Torres, vinculado a actividades delincuenciales y con influencia en su administración, tanta que hasta la quitaron la visa a la........

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