-386 cadáveres maltratados... ¡pero “no hubo delito”!

Sospechosa, turbia y escandalosa la resolución de amparo que recetó el juez federal Luis Eduardo Rivas Martínez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Ciudad Juárez, para liberar al único acusado por el terrible caso del Crematorio Plenitud, que a mediados del año pasado sorprendió no sólo a Chihuahua, sino al mundo.

Para el juzgador “no hubo delito”, al menos no los imputados por la Fiscalía General del Estado, en el apilamiento, ocultamiento y maltrato durante años de 386 cadáveres, entre paredes cerradas y en medio del vil e inhumano fraude de haber entregado cenizas falsas a sus deudos.

El caso parecía encaminado a juicio. Ya había muerto en la miseria el eslabón más débil de la cadena, el empleado acusado, don Teófilo, pero el dueño del negocio, José Luis A. C., del influyente clan de “los Cuarones”, llevaba en prisión preventiva desde el 30 de junio de 2025. Estaba vinculado a proceso por ocultamiento y conservación ilegal de cadáveres.

La Fiscalía buscaba hasta 17 años de prisión, las familias exigían justicia y, en los sótanos de la justicia federal, el imputado demandaba el amparo, lo que estaba escondido de la opinión pública, como los cadáveres; suponemos que esa resolución pendiente había impedido la audiencia intermedia, previa al juicio oral, que marca la ley.

La noche del pasado viernes fue ese amparo el que borró la vinculación a proceso de José Luis, lo que de inmediato fue materializado con su libertad. En la peor de las contradicciones, la anterior jueza del mismo juzgado, Claudia López López, le había negado el amparo contra la prisión preventiva al mismo imputado el 22 de agosto del año pasado. La evidencia de ambos resolutivos puede verse en la edición digital de La Columna.

La indignación no tardó en llegar. El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, arremetió contra la determinación judicial federal y los familiares trataron de hacer llegar, aunque fuera el eco de sus reclamos, hasta la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para que voltee a ver la injusticia.

¡A ver hacia dónde encaminan sus protestas ahora los deudos!

La miopía judicial no deja de generar un profundo daño social, por el que la gente, de plano, no confía en sus jueces ni en la justicia. En el fondo jurídico de este penoso caso del Crematorio Plenitud —si nos atenemos a que fue una resolución limpia de factores de corrupción— está la definición misma de delito.

Según se desprende de la sentencia —convertida en un catálogo de argumentos a favor del imputado, con el juez firmante en plan de abogado defensor—, el maltrato de cadáveres es algo no grave como para ser penalizado. A lo mucho alcanza a ser falta administrativa, a pesar de que la dignidad después de la muerte es uno más de los derechos humanos básicos, brutalmente violentados a cientos de personas fallecidas, casi 400.

El juez federal sostiene que no se actualizó el verbo rector del delito previsto en el artículo 202 del Código Penal del Estado: “ocultar”. Para que exista ocultamiento —argumentó— debe existir voluntad clara de encubrir.

O sea, el hecho de que los cuerpos estuvieran en un crematorio inútil, a puerta cerrada y fuera de la vista pública, no implica por sí mismo que se procurara ocultarlos. Claro que no. Así, según el juzgador, las omisiones podrían ser graves, reprochables, administrativas o civiles, pero no penales.

Es su interpretación estricta, técnica, formalista. El problema es que el juez de control, al vincular a proceso, sostuvo algo distinto: que el ocultamiento no sólo se configura por la acción de esconder, sino también por omisión, por callar lo que se debe informar. Mero sentido común.

En cuanto a la conservación ilegal, el otro delito previsto en el artículo 462 de la Ley General de Salud, la Fiscalía acreditó que se cumplieron tres elementos básicos: recaían sobre cadáveres humanos, existía conservación y era ilícita.

Pero el juez de amparo añadió un elemento que la norma no exige: que la conservación tuviera como finalidad la realización de trasplantes ilícitos. Es decir, subordinó la conducta a un propósito específico, aunque el tipo penal no demanda ni condiciona el delito a la existencia de un objetivo.

Es decir, conservar ilícitamente un cadáver basta para configurar el delito; no requiere demostrar que el acusado buscaba vender órganos o realizar trasplantes clandestinos, por ejemplo. Pero el juez federal amplió el estándar más allá de lo previsto por la ley.

Esa será, sin duda, la batalla en el recurso de revisión que ya anunció el propio fiscal César Jáuregui, para fijar con claridad la línea entre lo administrativo que inventó el juez federal y lo penal que considera la justicia del estado.

Si 386 cuerpos no alcanzan para configurar “ocultamiento” o “conservación ilícita”, ¿qué sí lo haría? Sería bueno que el juez Luis Eduardo Rivas Martínez diera la cara para responder a ello... o que la dé el Poder Judicial Federal en su máxima instancia nacional.

Mientras prepara su quinto informe de gobierno, que será el primero de marzo, la gobernadora Maru Campos ha intensificado su trabajo en el estado, pero particularmente sus incursiones en Juárez. El viernes anduvo aquí grabando promocionales.

La mandataria sabe que el 2027 está cerca y es necesario entregar cuentas positivas a los juarenses en todos los rubros de la administración pública. Es aquí donde, nos aseguran, está desarrollando actividades estratégicas.

Un botón de muestra: esta semana estará tomándoles protesta a los consejos del adulto mayor convocados por la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo, quien, por cierto, no quita el dedo del renglón para aparecer en la boleta electoral del próximo año.

También sabemos que la gobernadora estará reuniéndose con el equipo que encabeza su representante en la frontera, Carlos Ortiz, para revisar los avances de las tareas que le ha encomendado, no sólo en la función pública, sino también en temas político-electorales.

Se espera, pues, una semana muy movida para la mandataria y los funcionarios juarenses, a quienes ya les picaron las costillas para acelerar el paso en lo que prácticamente es el cierre de la presente administración. ¿El cierre ya tan pronto? Sí, ya casi el fin del sexenio.

De cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde, dice el refrán repetido en todo tiempo y lugar.

Entre los casos más controvertidos y mediáticos del morenismo destaca el sainete que ha armado el creador de los libros de texto gratuitos, Marx Arriaga Navarro. Desde el viernes se atrincheró en su oficina tras ser despedido como director de Materiales Educativos de la SEP, donde fue colocado por AMLO.

Pese a que ha gritado a los cuatro vientos que Mario Delgado, titular de Educación Pública, pretende “privatizar” la educación, la 4T le busca una salida honrosa con tal de no quemar más al movimiento que lo empoderó.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, aseguró el sábado, desde Tlaxcala, que “los libros de texto no van a cambiar” y que sólo se agregarán mujeres destacadas en la historia nacional.

Mario Delgado dijo que su escandaloso insubordinado rechazó alternativas para dejar el cargo, entre ellas un cambio de área dentro de la dependencia o la posibilidad de una embajada.

Todavía peor: horas más tarde, la SEP sacó un largo comunicado donde reconoció que fue “absolutamente reprobable” la forma en que fue despedido el pobre Marx, pues le mandaron desalojar el edificio con un cuerpo de seguridad.

Eso fue como oro molido para que el funcionario morenista transmitiera “en vivo” su despido, para revictimizarse.

Delgado explicó que ambas partes acordaron que, si no presentaba su renuncia el 15 de febrero, se procedería legalmente a partir de este lunes.

El berrinche no sirvió de nada, sólo para exhibir el ego de Marx y a la 4T por defender, hasta la indignidad, a los suyos. Mientras, los erráticos y parchados libros de la llamada Nueva Escuela Mexicana seguirán circulando en perjuicio de millones de estudiantes.

Ya sabemos que no sólo en los juzgados federales se cuecen habas para resoluciones como la del crematorio Plenitud. El juez estatal Juan Riestra le brindó su Día del Amor y la Amistad el sábado al considerado energúmeno con pistola, el excandidato del PAN, Abysaed C. M.

El juzgador lo dejó libre, a pesar de haber sido acusado de homicidio en grado de tentativa tras balear a dos personas. Así nomás, libre.

Funcionaron los muchos cupidos que lanzaron flechas amorosas primero a la Fiscalía y después a su altísima señoría, el juzgador Riestra.

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