En los próximos días el Congreso de la Unión realizará el estudio definitivo y en su caso la aprobación de la iniciativa de Reforma Electoral presentada en el mes de agosto del año pasado por la Presidenta Claudia Sehinbaum, originalmente planteada como parte de los 100 compromisos establecidos durante su campaña, destinados a continuar con la transformación profunda de nuestro México.

Después de un largo periodo de discusión en el que participaron académicos, distinguidas personas de la oposición, juristas, colegios de profesionales, periodistas, organizaciones civiles, y la ciudadanía especialmente interesada en nuestros procesos políticos, en representación de los más diversos segmentos de nuestra ciudadanía, hoy la sociedad mexicana está a un paso de culminar un cambio fundamental de su régimen electoral, que por décadas fue ampliamente demandado por la inmensa mayoría, pero que las reformas electorales del neoliberalismo fueron incapaces de llevar a buen término.

Esta convocatoria fue muy bien recibida, porque desde hace décadas en la opinión pública existía el consenso de que el financiamiento a los partidos políticos era desmesurado y que su fiscalización era muy limitada, lo cual, lejos de elevar la participación en los procesos electorales, la estaba desanimando.

Incluso algunos politólogos empezaron a advertir que nuestro sistema político vivía una suerte de paradoja, pues cuanto más se invertía en la organización de las elecciones más se deterioraba la confianza ciudadana; lo que era especialmente notable en las elecciones intermedias, en las que una parte creciente de los candidatos, al ser elegidos mediante modelos de representación indirecta, eran absolutamente desconocidos por los electores.

Un ejemplo claro de este deterioro se observó con precisión en los estudios de opinión pública, realizados bajo la denominación de Latinobarómetro del año 2000 al 2018; por cierto, años dorados de la transición democrática.

Según estas observaciones, en el año 2000 seis de cada diez personas mexicanas se manifestaron insatisfechas; lo que ya era motivo de alarma, pero la situación fue empeorando, elección tras elección, hasta encontrar que en el 2018 ya eran ocho de cada diez mexicanos los que expresaron su abierta insatisfacción frente al disminuido valor de nuestra democracia.

Al examinar la opinión sobre los partidos políticos la situación no fue mejor; al empezar el milenio el desencanto ciudadano ya era mayúsculo: según el propio Barómetro cerca de tres de cada diez personas manifestaron su desconfianza hacia las organizaciones partidarias; pero lejos de mejorar la situación empeoró, de modo que al final de la larga pesadilla de la democracia neoliberal, ya fueron nueve de cada diez entrevistados, quienes expresaron su plena desconfianza hacia el valor de los partidos políticos.

Acompañado de ello se multiplicaron los cuestionamientos al número de nuestros legisladores y, en especial, a la parte de ellos que no eran elegidos de manera directa por los ciudadanos.

El desencanto fue enorme cuando la comunidad advirtió que, en la última etapa de la llamada transición política neoliberal, los órganos y tribunales que administraban los procesos electivos locales estaban sujetos a la voluntad de la generación de jóvenes gobernadores del PRI que en muchos casos enfrentaron problemas con la justicia.

Al respecto, Chihuahua tuvo una manifestación temprana de esta vocación autoritaria de los gobernadores del PRI; pues, mientras en la hoy Ciudad de México, Santiago Creel, entonces Secretario de Gobierno de Vicente Fox, negociaba en los pasillos de Bucareli el apoyo interesado del tricolor; en Chihuahua, durante el proceso electoral del 2001, el gobernador Patricio Martínez ordenaba la anulación de las elecciones de alcalde, a las autoridades y tribunales electorales, sin que los abogados del PAN y los cientos de defensores de la democracia metieran las manos; revelando con ello, que, al menos en nuestro estado, la llamada transición democrática no estaba floreciendo.

Como podrán apreciarlo hay muchas razones de todos conocidas para mejorar nuestras instituciones electorales; pero, ante todo, debemos destacar que esta reforma tiene un significado único; pues nunca en nuestra historia contemporánea habíamos tenido la oportunidad de sincronizar una gran reforma económica y social con una reforma profunda de nuestras instituciones políticas y electorales.

Esto es muy importante, porque en términos llanos hoy México ya vive bajo un régimen económico y social que ha resultado de reformas a nuestra Constitución destinadas a establecer un Estado de Bienestar orientado a mejorar las condiciones de trabajo y materiales de todas y todos los mexicanos, sin discriminación alguna; pero nuestras instituciones políticas y en particular las electorales siguen mostrando enormes debilidades que, justo, la iniciativa de nuestra presidenta, propone transformar en fortalezas.

Con base en estas evidencias, que muestran las grietas de las que aún adolece nuestro sistema electoral, en estos días se presentará al Congreso de la Unión la iniciativa que plasma los resultados de la consulta realizada, tanto por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, como por los recientes trabajos de la Secretaría de Gobernación

Por lo que, ante ello, conviene comentar que, de manera preliminar, un equipo de trabajo, asociado a los grupos parlamentarios de Morena en el plano federal y local, ha trabajado en propuestas que son bien vistas y aceptadas por el resto de los grupos parlamentarios y por la mayor parte de nuestra comunidad nacional.

Entre esas propuestas se perfilan como viables algunas de las que enseguida enumeraré, que en mi opinión son útiles para conducir los últimos debates que habrán de registrarse antes de su aprobación definitiva.

En cuanto a la representación efectiva de las personas diputadas plurinominales, conviene adoptar un modelo mixto de asignación de curules que combine las listas de candidatos, jerarquizadas por las dirigencias partidarias, con listas integradas por quienes en los procesos alcancen el mejor desempeño electoral.

A lo que podría sumarse la opción de que la ciudadanía defina en su voto la preferencia por alguna persona candidata incluido en las listas partidarias, lo que significa modificar la jerarquía establecida originalmente por los partidos. En cuanto al tema de la sobrerrepresentación en la cámara de diputados, reducirla significativamente, hasta un nivel aún por definir.

También parece viable, suprimir la representación proporcional en el Senado, para enriquecer su virtud de ser el órgano que, por excelencia, represente a las entidades de la República.

En lo que respecta al uso de las TIC y voto electrónico, es bueno acordar su adopción gradual y comenzar su aplicación en beneficio de electores con menor acceso a las urnas tradicionales, como son las comunidades migrantes y personas con discapacidad.

En cuanto al tema relativo al financiamiento y fiscalización, las propuestas buscan racionalizar el uso de recursos limitando el financiamiento permanente y reservando el gasto, para atender ciertos rubros, en periodos electorales. Aquí, entre las propuestas más viables, podemos reducir el componente de subsidio a los partidos, centrado en el número de votos; concentrar el subsidio en periodos electorales; así como diseñar y adoptar sistemas electrónicos que faciliten la fiscalización en tiempo real.

Hablando de las autoridades electorales, aunque debemos discutirlo con más cuidado, aparece la propuesta de suprimir la doble fuente de financiamiento a las autoridades locales y federales; además, relacionado con ello, restringir a tiempos electorales la operación de los órganos locales.

En cuanto al tema de elevar la participación y representación de las comunidades migrantes (un asunto esencial para la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte que presido en el Senado) debemos crear una sexta circunscripción electoral dedicada a las personas mexicanas que habitan en el exterior.

También es necesario insistir en proteger dentro de la normatividad electoral la auténtica representación de las comunidades vulnerables, estrechando la vigilancia sobre la autenticidad de las personas candidatas y autoridades que los representan; porque se tienen evidencias de que la figura de autoadscrpción de identidades facilita la suplantación.

Finalmente, se propone establecer un sistema más amplio y estructurado de democracia participativa que reconozca y regule mecanismos como la consulta popular, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, la revocación de mandato, las audiencias públicas y otros instrumentos de participación directa.

Como podrá apreciarse, la Reforma está en curso y no tengo duda de que al aprobarse mejorará sustancialmente, no sólo los mecanismos de representación tradicional; sino, además, los de participación y democracia directa.

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