Jaime Cortés Díaz

La conmoción que envuelve a Colombia por el intento de asesinato al joven senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, no es para menos. Y es más escalofriante en la actual atmósfera que rodea la agitación proselitista y la conducción del Estado, llenas de epítetos, injurias, difamaciones, tergiversaciones y demás “alcantarillazos” que tienden a reducir la credibilidad, a desdorar el honor con vituperios, amenazas y megalomanía.

De las cuestiones dolorosas del insuceso atroz, es la constatación de un adolescente en condición de autor material, de sangre fría, definido en el quehacer criminal, entrenado en el uso de arma restringida, “instrumentalizado” por sujetos determinadores, seguramente consciente de su favorabilidad en el encausamiento punitivo tal como ocurrió en el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara en época del Gobierno de Belisario Betancourt. Es claro que ilegales de todos los pelambres, en sus elementos planificativos en la comisión de cegar la vida, los ejecutores son menores de edad entrenados en “escuelas de sicarios”, reclutados de diversas maneras, y concretamente para magnicidios, atraídos con una “elocuente paga” que, unida a la destreza adquirida sin reservas morales, la oferta se vuelve irresistible.

Lo comentado hace parte del tratamiento judicial que conlleva una pena privativa de la libertad hasta de 8 años pero no en cárcel; por su condición etaria, tiene que ser en Centro de Atención Especializada (CAE), y según su comportamiento en la rehabilitación, el juez podrá reducir su tiempo y modalidad de la sanción. La normatividad para este segmento infantil y juvenil hace que los grupos violentos aprovechen tal circunstancia para incorporarlos en sus concurrencias delictivas y en esa dirección los reclutan y los hacen parte de la estrategia. Las estructuras del narcotráfico, en sus andanzas y campamentos, los visibilizan para que la aviación militar y la fuerza pública en general, no las ataquen frente al temor de someter a los servidores del Estado a juicios internacionales y locales,........

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