La reforma al Poder Judicial está golpeando la forma en que se imparte justicia y erosionando elementos básicos de un Estado democrático, lo cual no es sorpresa para nadie. En el estado de Chihuahua, por ejemplo, las cifras de sentencias condenatorias se desplomaron de forma significativa, con una caída de 14% en la actividad judicial entre 2024 y 2025, debido a la reforma al Poder Judicial. Esa incertidumbre, lejos de ser un dato burocrático, refleja cómo afectaciones estructurales terminan por traducirse en retrasos y decisiones menos eficaces en la impartición de justicia.

Uno de los pilares de cualquier Estado de Derecho es la certeza jurídica, es decir, que las leyes y las decisiones judiciales sean previsibles, imparciales y respetadas por todas las partes. Expertos y organismos como la American Society of Mexico han advertido que la reforma no recupera esa certeza, sino que la pone en riesgo, especialmente si se fortalece el voto popular para elegir jueces, lo cual politiza la justicia y debilitar la independencia de los órganos jurisdiccionales que deben ser imparciales.

Esto no es trivial: según el World Justice Project, en 2025 México retrocedió casi 3% en el índice de Estado de Derecho, ubicándose entre los países con mayor retroceso en este rubro. Aunque múltiples factores influyen en este descenso, la reforma judicial y sus efectos sobre la estabilidad institucional y la percepción de imparcialidad son elementos que no pueden ignorarse.

Otra consecuencia grave es el impacto en la eficiencia procesal. Organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia han señalado que la reforma, tal como se plantea, no resolverá la impunidad en el 99% de los delitos cometidos en el país, y podría incluso complicar el proceso judicial, pausando, retrasando o reiniciando casos. Esto erosiona aún más la confianza de la sociedad en un sistema que, incluso antes de la reforma, enfrentaba críticas por su lentitud, corrupción y falta de eficacia.

Las discusiones en el Congreso y en foros públicos revelan una división profunda: mientras sus promotores aseguran que la reforma moderniza y democratiza al Poder Judicial —incorporando participación ciudadana y cercanía con la gente—, sus detractores advierten que se trata, en realidad, de una reforma que debilita los principios de independencia judicial y división de poderes.

Cuando la justicia se vuelve percibida como un instrumento de mayorías políticas sin contrapesos claros, no sólo se afecta el Estado de Derecho: se deteriora la convivencia democrática. La justicia debe ser una garantía y un amparo para todas las personas por igual, no una herramienta que responda a mayorías legislativas o a intereses partidistas.

La reforma al Poder Judicial es, sin duda, uno de los cambios institucionales más importantes de los últimos años. Sin embargo, las consecuencias que hoy observamos —menor emisión de sentencias, afectación de la certeza jurídica, cuestionamientos sobre independencia y un mayor escepticismo ciudadano— deberían ser motivo de un debate mucho más profundo y abierto con la sociedad. Cambiar el sistema judicial es transformar el corazón de la legalidad, y no puede hacerse sin debate público, fundamentos técnicos sólidos y salvaguardas que garanticen la justicia imparcial e independiente que México aún necesita con urgencia.

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