Desde 2018, el proyecto político denominado Cuarta Transformación (4T) ha impulsado una de las reconfiguraciones institucionales más profundas en la historia contemporánea de México, tanto que hoy podemos hablar ya de un verdadero cambio de régimen político, jurídico y económico. Bajo los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y posteriormente Claudia Sheinbaum, se han promovido reformas constitucionales, legales y administrativas orientadas a redefinir la relación entre el Estado, la sociedad y el mercado, con énfasis en justicia social, combate a la corrupción y fortalecimiento del poder público, aunque muchas de ellas se han quedado solo en buenas intenciones plasmadas en papel.

Dentro de este proceso destacan especialmente las reformas legislativas estructurales y, de manera más polémica, la reforma judicial de 2024, considerada una transformación sin precedentes en el sistema jurídico mexicano.

El impacto de estas reformas no es homogéneo. En entidades fronterizas como Chihuahua —y particularmente en Ciudad Juárez— los efectos adquieren características específicas debido a factores como la dinámica maquiladora, la violencia estructural, la cercanía con Estados Unidos y la debilidad histórica de las instituciones de justicia.

Así pues, mientras en México se habla mucho de transformación, en Ciudad Juárez se sobrevive a ella. Mientras en la capital del país se aprueban reformas que luego se celebran como si fueran victorias históricas, en la frontera norte esas mismas decisiones se traducen en algo mucho más tangible: inseguridad, miedo, desempleo e incertidumbre. Aquí no hay narrativa esperanzadora; hay consecuencias.

Juárez cerró 2025 con casi mil homicidios y, si bien esa cifra acusa una importante disminución respecto de 2024, no es solo un número: es una rutina, es la normalización de la inseguridad, es el sonido de fondo de una ciudad que lleva décadas aprendiendo a vivir........

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