Por estos días, Colombia presencia un nuevo capítulo en su historia institucional: el Decreto presidencial que convoca a una consulta popular por parte del gobierno del presidente Petro.

Desde la perspectiva del gobierno, la consulta popular surge como un mecanismo legítimo para amplificar la voz del pueblo ante la resistencia de un Congreso que no da trámite a las reformas estructurales que el gobierno pretende impulsar. Sin embargo, la motivación político-social no puede atropellar los designios constitucionales que nos rige. Como lo advierten expertos en derecho constitucional, el Decreto incurre en serias irregularidades jurídicas que podrían traducirse no solo en su nulidad, sino también en eventuales responsabilidades disciplinarias o incluso penales para quienes lo suscribieron.

En primer lugar, el Decreto ignora la existencia de un acto del Congreso que ya declaró desfavorable la consulta. Esa decisión, aunque polémica, es jurídicamente vinculante y pone fin al procedimiento conforme a la Ley. Desconocerla para justificar una nueva convocatoria no solo desdibuja la institucionalidad, sino que puede constituirse en una vía de hecho—una actuación por fuera del marco legal que le está expresamente vedada a la Rama Ejecutiva.

Además, el uso de la excepción de inconstitucionalidad para desechar el........

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