El ataque del 28 de febrero contra objetivos en Irán no es solo un episodio más en la larga historia de tensiones en Medio Oriente. Es una señal de advertencia sobre el estado actual del sistema internacional. No se trata de un episodio aislado, sino de un evento con una estrategia cuidada, pero con un alto riesgo de desencadenar una escalada regional que puede tener efectos globales en lo económico, comercial, energético y en la estabilidad política internacional. La historia nos ha demostrado que las “guerras preventivas” o las acciones que se llevan a cabo de manera unilateral rara vez generan estabilidad y paz de forma permanente; por el contrario, suelen abrir ciclos prolongados de confrontación.

El riesgo más importante cuando tratamos de normalizar la lógica del uso de la fuerza es que se debilita el sistema de reglas internacionales que hemos construido después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando las potencias militares actúan unilateralmente, el mensaje implícito para la comunidad global es que el uso de la fuerza constituye un derecho en sí mismo. Este precedente erosiona la legitimidad y la efectividad de los organismos multilaterales y crea incentivos para que otros actores adopten estrategias similares.

México ha mantenido históricamente una postura que privilegia la diplomacia sobre la confrontación y que se ha construido sobre tres principios muy claros: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. De hecho, estos principios forman parte de la Constitución y están expresados en el Artículo 89. Desde esta perspectiva, la postura que hasta este momento ha expresado el gobierno mexicano es coherente con una tradición diplomática de larga historia.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que México apuesta por la paz y por la vía diplomática como el único mecanismo válido para resolver conflictos internacionales. También ha establecido que para el gobierno de la Cuarta Transformación existen dos prioridades en este conflicto: evitar la escalada militar para contener las afectaciones en la región y en la comunidad internacional y llamar a todos los países involucrados a retomar los canales de diálogo.

Esta crisis pone en evidencia la necesidad de revisar el papel de los organismos multilaterales, particularmente de la ONU, para que mantengan su vigencia como árbitros válidos y con solvencia para dirimir diferencias entre países. Cuando se toman decisiones que conducen a conflictos bélicos sin considerar la participación de estos mecanismos, es el sistema internacional el que pierde capacidad para prevenir conflictos.

Más allá de la geopolítica, los conflictos armados tienen costos humanos inmediatos, donde las víctimas suelen ser las personas más vulnerables. La población civil es quien padece las consecuencias: pérdida de vidas, sufrimientos innecesarios y fracturas en la cohesión social. Esto tiene un impacto particular cuando los objetivos —intencionales o por equivocación— son escuelas, hospitales o centros poblacionales civiles.

En este contexto, ante la interdependencia entre países de la región y los efectos globales que tienen este tipo de conflictos, las consecuencias también se reflejan en la dinámica económica internacional. Ya se observan impactos en el aumento del precio del petróleo y en la disponibilidad del gas natural que se utiliza en muchos procesos industriales. Las cadenas de suministro globales han tenido interrupciones que alteran la disponibilidad de insumos y la estabilidad económica, sobre todo cuando todavía existen países que apenas están recuperando su viabilidad tras la pandemia de COVID.

La crisis actual confirma que la estabilidad internacional no debe sostenerse solo en equilibrios militares; por el contrario, la experiencia histórica ha demostrado que la diplomacia, el diálogo y el respeto al derecho internacional constituyen la única salida duradera. En ese contexto, la postura mexicana encabezada por la presidenta Sheinbaum y el cuerpo diplomático del país mantiene una posición firme en la negativa al uso de la fuerza para dirimir conflictos y en la defensa de un orden internacional basado en reglas y en organismos multilaterales. Cuando la guerra se convierte en la primera opción, la comunidad internacional inevitablemente fracasa.

© El Diario