La semana pasada, el país conmemoró una de las fechas más dolorosas de toda su historia. El 6 de noviembre de 1985, el Palacio de Justicia en Bogotá fue ultrajado y violentado en un acto demencial del grupo guerrillero M-19, cumpliendo con el deseo de Pablo Escobar de destruir el voluminoso expediente de la extradición de los narcos y, de paso, asesinar a los magistrados de la Corte Constitucional que la tramitaban. 40 años han transcurrido de este fatídico hecho que todavía estudiamos, para tratar de entender la complicada psiquis humana. 98 personas murieron, entre magistrados, funcionarios de la rama judicial, civiles, guerrilleros e integrantes de la Fuerza Pública, a más de la desaparición forzada de 11 personas. Sin duda alguna, esta fecha marca un antes y un después en nuestra vida republicana, al cobrar las vidas de las más sobresalientes conciencias jurídicas del país, por el que el Estado fue declarado culpable por la falla en el servicio, al no proteger la seguridad del Palacio, pese a haberse conocido con anterioridad la amenaza, y por el desmedido operativo del Ejército al día siguiente. La confrontación armada en su interior concluyó en la tarde del 7 de noviembre, luego del arrasamiento de las vidas humanas que allí se encontraban, junto con la destrucción de la sede de la justicia, abriendo una herida profunda en el corazón de una nación, cuyo doloroso acontecimiento se le planteó como el mayor reto y desafío que la subversión armada le haya formulado al Estado y que hoy, 40 años después, las mentes sensatas no alcanzan a entender como, por la vía democrática, un miembro de esa guerrilla fue elegido Presidente, y peor aún, Comandante en Jefe del........

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