El presidente canario, Fernando Clavijo, durante la entrevista. / Arturo Jiménez

Hasta hace apenas un día, el enfrentamiento entre el Gobierno de Canarias y el Estado era un conflicto abierto. El origen parecía estar en un acuerdo alcanzado por Moncloa con el Gobierno vasco, que abrió ostensiblemente la puerta a la participación de Euskadi en la gestión de sus aeropuertos. La concesión de lo que el Estado había dejado claro durante décadas que era imposible encendió todas las alarmas en Canarias. Clavijo reclamó de inmediato un trato equivalente, amparándose en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía.

La respuesta desde Madrid fue el portazo. Y quedó bastante claro. El Gobierno Sánchez insistió con vehemencia en la tesis de que el marco jurídico no permitía ir más allá de una participación limitada, básicamente consultiva. Ese argumento fue asumido y defendido con aguerrido ardor por el PSOE canario, cuyo secretario general llegó a sostener que Canarias podía aspirar a tener voz, pero nunca voto en las decisiones de Aena. Estar sí, opinar, también. Pero olvídense de poder mandar.

La tensión creció a medida que el Gobierno regional elevaba el tono. Hubo declaraciones cruzadas, reproches mutuos y un momento especialmente delicado cuando Clavijo pidió el cese del presidente de Aena, Maurici Lucena, acusándolo de trabajar por los intereses de los accionistas privados, despreocupándose del interés general en las Islas. Ese era el clima hasta el jueves. Pero parece que ayer todo cambió.

La reunión celebrada en Tenerife entre representantes de ambos gobiernos no cerró ningún acuerdo concreto, pero sí escenificó la rebaja de la tensión con un giro político evidente: el Estado aceptó abrir una negociación formal sobre la cogestión aeroportuaria. No hubo ya líneas rojas, ni vetos explícitos. Al contrario, se habló de intercambio de documentos, de trabajo técnico conjunto y de la posibilidad de explorar fórmulas que permitan una mayor participación de Canarias en la gestión de sus aeropuertos. No es un pequeño detalle. Implica que el estado reconoce de facto que el margen que antes se negaba… de hecho existe. Y a partir de ahí, el resto desmonta toda una argumentación reiterada durante años. Lo que no podía hacerse, compartir la gestión de los aeropuertos de Canarias entre la administración del Estado y la regional, podría quizá, a lo mejor, hay que estudiarlo, hacerse ahora.

Es cierto que ese cambio de criterio deja en una situación incómoda a quienes, hasta hace apenas unos días, defendían con rotundidad que tal margen de negociación era completamente imposible. Y no se trata de matices, sino de un giro de 180 grados que nos lleva de la imposibilidad jurídica a la negociación abierta. ¿Qué dirán ahora quienes sostenían que el Estatuto no daba para más? ¿Cómo se explica que lo que era inviable el jueves sea discutible el viernes? ¿En qué lugar quedan los argumentos presentados como una verdad técnica incuestionable?

La política está plagada de rectificaciones, y cambios de posición. Y esa forma de hacer política que es el sanchismo, aún más: eso demuestra que lo que los medianeros de Sánchez en Canarias defendieron agriamente como principio era en realidad pura consigna, disfrazada de doctrina jurídica. Lo que ha sucedido aquí no es que se haya abierto un proceso de negociación, es que ha quedado patente que -a pesar de las descalificaciones y amenazas- no hubo nunca ningún motivo legal para mantener ese proceso cerrado. El precedente vasco ya anticipaba lo que podía ocurrir: allí sí encontraron margen, hubo voluntad de encontrar un encaje específico y se desarrolló la necesaria creatividad jurídica. Aquí, Canarias, en cambio, las primeras reacciones fueron negar lacayunamente incluso la posibilidad de que se produjera un debate. Por los motivos que fuera, no tocaba abrirlo. Hasta que tocó.

El cambio de guion vuelve a colocar al PSOE isleño ante su dilema: el de ser, al mismo tiempo, actor político en las Islas y disciplinado y obediente ejecutor de las estrategias estatales del partido. Entre lo uno y lo otro, no hay equilibrio posible, apenas se trata de establecer un balance cada vez más difícil de sostener, cuando los intereses no coinciden o los tiempos no encajan. Defender la posición de Aena como un dogma religioso -no como la expresión de un modelo de gestión con intereses privatizados y muy concretos- tenía un recorrido limitado. Más en un territorio fragmentado y alejado como el nuestro, donde la conectividad aérea no es un lujo, sino una condición de existencia.

Porque ese es el fondo del asunto: Canarias no reclama una competencia más. Está decidiendo su capacidad de influir en decisiones que afectan a su cohesión territorial, a su principal industria -el turismo- y, en última instancia, a su desarrollo social y económico, que depende, más que en ninguna otra región del país, de la conectividad aérea.

La apertura de la negociación es, sin duda, una estupenda noticia: devuelve el debate al terreno técnico y abre una oportunidad que no existía. Pero también deja al descubierto una dinámica basada en resistir aquí lo que luego se acepta allí. En Canarias, en nuestro ecosistema político, entre la coherencia personal y la disciplina de partido, son muy pocos los que dudan. Y así nos va.

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