La incapacidad de las administraciones públicas y de las formaciones políticas que las gestionan para alcanzar acuerdos sobre la acogida y distribución de menores migrantes no acompañados, demostrada de nuevo esta misma semana en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, mantiene a Canarias en una posición de vulnerabilidad. El Archipiélago constituye una de las principales puertas de entrada de niños y adolescentes migrantes a Europa. Eso conlleva una presión constante sobre su red de acogida, tensionada y al límite de su capacidad.

No se trata de una situación nueva ni inesperada. Los ciclos migratorios ponen a prueba una y otra vez los mecanismos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas. Lo que resulta preocupante es la persistencia de bloqueos institucionales y políticos y la dificultad para articular respuestas compartidas. La consecuencia es que Canarias asume una carga desproporcionada que compromete la atención a los menores.

La protección de la infancia debería situarse en el centro de cualquier decisión política. Hablamos de menores en situación de vulnerabilidad que requieren cobertura básica y acompañamiento educativo, social y emocional. Lo contrario es abandonarlos a su suerte. Cuando los recursos se desbordan se corre el riesgo de que la atención se deteriore. Garantizar un reparto equilibrado y solidario entre comunidades autónomas es una obligación ética y jurídica.

En este contexto, preocupa que los desacuerdos entre administraciones y fuerzas políticas se reproduzcan y dificulten los avances. Las diferencias de criterio sobre procedimientos, competencias o marcos legales son legítimas, como alegan desde el PP. Sin embargo, cuando estas discrepancias derivan en la paralización de órganos de coordinación o en la imposibilidad de adoptar decisiones, la consecuencia es que el sistema de acogida humanitaria se resiente.

La dimensión política de este debate es ineludible. Y cada cual debe asumir en qué parte de la historia y de su compromiso con Canarias se coloca. Alberto Núñez Feijóo se expone a sacrificar a su partido en el Archipiélago cuando obvia las peticiones de sus compañeros isleños para que contribuya a aliviar la saturación de la red de acogida. CC observa con fastidio la situación de su socio de gobierno, ignorado por la élite estatal de su formación.

Las políticas migratorias, por su impacto social, forman parte de la conversación democrática. No obstante, cuando las dinámicas partidistas o los cálculos electorales condicionan la respuesta a situaciones urgentes, se corre el riesgo de desvirtuar el objetivo: ofrecer una solución eficaz, digna y coordinada a un fenómeno complejo. Solucionar problemas, no eternizarlos.

Canarias ha reiterado la necesidad de establecer mecanismos automáticos, previsibles y estables de distribución de menores, que eviten la improvisación y reduzcan la dependencia de acuerdos puntuales. Un marco normativo claro, acompañado de recursos adecuados y criterios objetivos, permitiría dotar de mayor certidumbre a las administraciones implicadas.

Por supuesto que la cooperación entre regiones debe ir acompañada de un compromiso financiero. La acogida de menores no puede recaer sobre los presupuestos autonómicos. Es imprescindible reforzar la implicación del Estado para mantener niveles adecuados de atención en todo el territorio. No menos relevante es la dimensión europea. Canarias, como frontera exterior de la UE, gestiona una realidad que trasciende el ámbito nacional. Resulta fundamental que las instituciones comunitarias refuercen su apoyo.

Pese a la complejidad del escenario, existen márgenes para acuerdos regionales, estatales y europeos. Pese a la polarización, la experiencia demuestra que lo conveniente es alcanzar consensos amplios que den prioridad a los intereses generales sobre las diferencias partidistas. La protección de la infancia migrante debería formar parte de ese espacio, por reducido que sea, de entendimiento.

La situación actual exige altura institucional, capacidad de diálogo y voluntad de cooperación. Canarias no puede afrontar en solitario una responsabilidad que es compartida. Tampoco los menores pueden quedar atrapados en bloqueos que retrasan las soluciones. Avanzar hacia un reparto en el esfuerzo de atención a los menores más justo y eficaz no es solo organización administrativa, sino compromiso colectivo. La credibilidad de las instituciones y nuestra reputación de sociedad avanzada están en juego.

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