El 16 de abril de 2009 el gobierno de Evo Morales ordenó la ejecución extrajudicial de Eduardo Rozsa Flores, Arpad Magyorosi y Michael Martín Dwyer. Esta cacería humana se ha convertido en un delito internacional, por el que deben responder los entonces mandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera, ministro de gobierno, y funcionarios jerárquicos policiales que planificaron y ejecutaron el operativo. Todo sucedió a poco más de tres años de que Evo Morales Ayma haya asumido el gobierno, y como tenía una mayoría absoluta cerca del 54%, la oposición política estaba atrinchera en la “media luna” y buscaba resistir el avance del “masismo” al oriente boliviano.  

Bolivia vivía una verdadera polarización política. Evo Morales quería imponer su proyecto centralista y hegemónico. Todo sucedió durante el tratamiento y aprobación de la actual Constitución en la Asamblea Constituyente, donde se libraba una lucha sin cuartel. De ahí el porqué la Constitución quedó manchada de sangre y terminó siendo aprobada en el Congreso Nacional. 

El exvicepresidente Álvaro García Linera afirmaba que “el pueblo boliviano ha consolidado su unidad histórica en torno a un único proyecto de Estado, economía y sociedad”. Sin embargo, esta “unidad histórica” dividió el territorio nacional entre occidente y oriente, y llegaba a la conclusión de que existía un empate entre ambos proyectos de sociedad y encima era catastrófico por la irresolución de la unicidad conducente del poder. Esta segunda fase duró del 2003 al 2008 y las contradicciones que se hicieron presentes enfrentaban antagónicamente e irreversiblemente a dos proyectos de sociedad, de Estado y de economía, portadores de dos voluntades de poder irreconciliables. 

En el fondo se trataba de buscar el control político, económico, territorial y social de la media luna, cuyo epicentro giraba en torno a Santa Cruz. El oriente tenía el mayor desarrollo económico productivo capitalista, gracias a una agresiva agricultura comercial, que también cubre más del 70% de la seguridad alimentaria del país, una agroindustria exportadora con valor agregado y polo de atracción-recepción de grandes flujos de inmigrantes expulsados de sus regiones por factores de pobreza.

Hay que recordar que el MAS tenía el gobierno, pero no tenía el poder total y absoluto al estilo de Fidel Castro, y Hugo Chávez, que eran los referentes de Evo Morales y Álvaro García Linera. La pugna era evidente entre los prefectos departamentales (hoy gobernadores) de la “media luna” (Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca), que buscaban la constitución de gobiernos departamentales autónomos, y el gobierno de Evo Morales, que buscaba imponer un régimen hegemónico, socialista e indigenista. 

Mientras la “media luna” avanzaba en su estrategia autonomista dictando sus propios estatutos autonómicos, el MAS se preparaba para concentrar aún más el poder político en el Órgano Ejecutivo y erradicar cualquier intento de oposición a su gobierno nacional. En este plano, Rubén Costas sanciona la Ley departamental Nº 01 del 15 de mayo de 2008, que transformaba “la Prefectura del Departamento de Santa Cruz al nuevo Gobierno Departamental de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, aprobado por el voto mayoritario de los ciudadanos bolivianos de la circunscripción electoral del Departamento de Santa Cruz en el Referéndum del 4 de mayo de 2008”. Así, Santa Cruz hacía “autonomía al andar”, y se pasaba del discurso al ejercicio y profundización de la democracia participativa. 

La ejecución extrajudicial estuvo precedida en realidad de una sistemática acusación a la dirigencia cruceña de separatista-terrorista, la toma militar de Pando y de las instituciones cruceñas por los infiltrados del gobierno. El atentado a la Casa del Cardenal Julio Terrazas, la aprobación de la nueva Constitución y la reelección y posesión en enero de 2009 del mismo gobierno, entre otros hechos políticos relevantes, abonaban el terreno para terminar de liquidar a la oposición y la resistencia que se había concentrado en la media luna. 

El complot logró el sometimiento de la dirigencia cívica empresarial cruceña y el masismo “avanzó” en Santa Cruz. A la par de estos hechos se resquebrajó la institucionalidad (los empresarios quedaron prohibidos de hacer política), y el presidente Evo Morales bajo el tono y dejó de llegar clandestinamente a Santa Cruz (incluso casi cerró su campaña electoral de 2014, al pie del Cristo Redentor, que otrora era ocupado por los multitudinarios cabildos en contra del centralismo). Estos hechos criminales contra Santa Cruz siguen impunes.

(*) Autor del libro: El proceso del terror.

Garante de la voluntad popular

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Evo Morales y la causa marítima

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