Hace unos días el Órgano Electoral publicó la lista final de candidatos habilitados para las elecciones del 17 de agosto. De los 3.290 ciudadanos postulados para ocupar los 334 cargos en disputa (Presidencia, Vicepresidencia, 166 parlamentarios titulares y 166 suplentes), un total de 2.104 —es decir, el 64%— fue inhabilitado por no cumplir los requisitos exigidos. Algunos fueron rechazados por no haber presentado ninguno de los 11 documentos requeridos en el trámite de inscripción.

La cifra supera ampliamente la registrada en las elecciones de 2020, cuando el porcentaje de inhabilitados fue del 38%, y no solo refleja la improvisación y falta de seriedad de muchas agrupaciones políticas y candidatos, sino que pone nuevamente en evidencia la profunda crisis del sistema político boliviano.

La Ley 1096, además de haber sido concebida para favorecer a la organización política que la redactó y la aprobó, resulta hoy inaplicable ante la debacle del sistema de partidos. Carentes de estructura nacional, recursos y renovación dirigencial, los partidos han dejado de representar genuinamente a la sociedad. En muchos casos, priorizan agendas propias o de grupos de poder específicos, desconectándose de las necesidades reales........

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