Cuando se trata de explicar las razones estructurales del constante conflicto político y del atraso económico sostenido, se suele identificar a la pérdida de institucionalidad como una de las causas principales. Aunque el concepto está en el discurso público y en la agenda política, no se comprende en su verdadera dimensión ni se advierte la gravedad de su ausencia.

En su definición académica, la institucionalidad es el conjunto articulado de normas, valores, procedimientos y comportamientos que regulan la vida social, en el marco del Estado de derecho. No se limita a la existencia de leyes o de entidades públicas. Implica también la garantía de que esas reglas son estables, justas y neutrales; que no cambian al ritmo de los intereses de los gobernantes; y que el servicio público y el funcionamiento de las entidades estatales se rige por principios constitucionales, no por cuoteo de partidos o delirios de caudillos.

La institucionalidad no es un mero formalismo jurídico. Incluye también la eficiencia de los organismos de control, la cultura cívica, la idoneidad en la gestión pública, la rendición de cuentas y el respeto a la separación de poderes. Es decir, no es solo la existencia de instituciones, sino la calidad, estabilidad y efectividad con que estas funcionan.

La desinstitucionalización es lo opuesto: ocurre cuando las reglas y procedimientos dejan de ser los referentes del comportamiento........

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