Bolivia vuelve a encontrarse frente a una decisión que marcará su rumbo. La recesión ya no es un dato estadístico: se siente en la mesa de las familias. La falta de dólares paraliza proyectos, frena importaciones y desgasta al sector privado. Mientras tanto, la inflación avanza casi sin hacer ruido, pero termina quitándole a la gente parte de lo que gana cada mes. El déficit fiscal se ha convertido en una carga que el Estado ya no puede sostener sin recurrir a promesas que superan su capacidad real. En voz baja, muchos se preguntan lo mismo: ¿hasta cuándo podremos seguir así?

Ese interrogante no solo refleja la preocupación ciudadana; también establece el punto de partida para la acción. El nuevo gobierno, que acaba de asumir, no enfrenta únicamente una economía agotada, sino la responsabilidad de decidir qué dirección tomará el país cuando la crisis empiece a ceder. Los motores tradicionales —gas, consumo interno y gasto público— ya no ofrecen garantías de crecimiento sostenible, y lo que siga dependerá de su capacidad para impulsar una estrategia diferente.

Durante años se ha repetido la idea de que un país rico en recursos naturales debería “vivir bien”. La evidencia internacional demuestra lo contrario. Venezuela, Angola o incluso Bolivia muestran que disponer de recursos no asegura bienestar para su población (Acemoglu & Robinson, 2012). Pueden aportar ingresos rápidos, sí, pero no construyen una economía sólida ni sostenible.

Por otro lado, la evidencia empírica demuestra que el éxito de un país no depende del........

© El Deber