“¿Queremos subsidiar al que maneja un Mercedes Benz o al más pobre?”

La frase, tan directa como incómoda, no vino de un crítico del gobierno, sino del propio Mauricio Medinaceli antes de asumir el poder. Así, sin rodeos, resumía uno de los problemas más profundos del país: un sistema de subsidios regresivo, políticamente intocable y económicamente insostenible. Lo dijo en una entrevista que le hice, días antes del cambio de gobierno.

El sector energético boliviano está en un momento crítico, con poco margen para equivocarse. La nueva Ley de Hidrocarburos (que entra en su tramo final) intenta corregir el rumbo: atraer inversión, reactivar la producción, ordenar YPFB y, sobre todo, reducir la dependencia de importaciones que hoy condiciona al país. Pero la urgencia no está solo en la ley. Está en la realidad.

En estos primeros meses de gestión, el sector no solo ha tenido dificultades para garantizar el abastecimiento, sino que además enfrenta cuestionamientos por la calidad de la gasolina. Motores afectados, fallas reportadas y una preocupación creciente en la población instalaron una sensación incómoda. A eso se suma la admisión de una denuncia penal vinculada a contratos y decisiones dentro del sector, en la que aparecen instancias como la ANH.

No hace falta adelantar juicios. Más cuando en el ambiente se mantiene la sensación de que algo no está bien. Y ahí aparece el punto incómodo de esta etapa. El mismo técnico que explicaba cómo debía funcionar el sistema, ahora enfrenta cuestionamientos sobre cómo está funcionando. No es una contradicción menor. Es una grieta que empieza a notarse.

La nueva ley plantea cambios necesarios. Nadie discute eso. Pero al final, sin confianza, ninguna reforma termina de sostenerse. Y esa confianza no depende solo de los textos legales, sino de lo que la gente vive en su día a día.

El gobierno de Rodrigo Paz Pereira recibe, sin duda, una herencia difícil tras la hegemonía del Movimiento al Socialismo: años de explotación sin suficiente inversión, un modelo de “cosecha” que hoy muestra sus límites. Pero las herencias que explican el punto de partida, no alcanzan para justificar lo que viene después.

Hay una regla que ningún gobierno —de izquierda, de derecha o de centro— logró romper: cuando se toca el bolsillo del ciudadano, pues la política cobra factura. Entonces, el subsidio, esa “muela cariada” que durante años se evitó tratar, sigue ahí. Solo que ahora ya no es una explicación teórica. Es un problema que se siente en la gestión.

Y ahí es donde el discurso deja de ser suficiente. Ahí empieza, de verdad, la prueba del poder.

(*) Miroslava Fernandez Guevara es periodista y politóloga

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