La población boliviana, el miércoles 19/02/2025, amaneció con la noticia del asesinato de un capitán de policía, cuando salía de su vivienda para llevar a su hija menor al colegio, al abrir el portón de su garaje, un vehículo interceptó su paso y de él descendieron dos sujetos armados, que le dispararon en veintisiete ocasiones, acertando en su humanidad, siete balas, que le causaron un shock hipovolémico por laceración de corazón y pulmón.

Por la gravedad de este horrendo hecho, llamo la atención que ninguno de los recientemente nombrados Fiscal General de la Republica y/o Fiscal Departamental, hayan ejercido la Dirección de las Investigaciones. Tuvieron que pasar treinta horas de este triste desfecho para que el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, usurpando funciones, se pronunciara, sin acreditar indicio probatorio alguno y de manera subjetiva, negó que el asesinato haya sido motivado por “ajuste de cuentas”, sino que “consideró” que tendría sido por “represalia” o “vendetta” del crimen organizado. Que serían las mismas personas que en el pasado tendrían intentado matar a un sujeto de seudónimo "El Colla", supuesto testaferro de Sebastián Marset. Señalando que “cree” que el asesinato es una represalia del crimen organizado frente a quienes combatimos estas mafias, que indudablemente están vinculadas a sicariato.

En primera instancia y ante cualquier asesinato sin un autor identificado, toda la sociedad en su conjunto viene a ser sospechosa de la autoría del crimen, en el caso del capitán, hasta el viceministro, por su dependencia funcional con este. Sin embargo y a pesar de que el art. 70 del procedimiento penal y 3 de la Ley de Fiscales, ordena que corresponde........

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