Jaime Aparicio Otero

En una vergonzosa sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el pasado 15 de enero, una coalición de países del Caribe, junto con Brasil, Colombia, Honduras y Bolivia ejerciendo la Presidencia rotativa del CP, se negaron a escuchar el informe de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela, escudándose en fútiles pretextos procedimentales. Este episodio expone una preocupante crisis moral e institucional en el organismo, revelando la complicidad de ciertos gobiernos con regímenes autocráticos de la región. Es absurdo que estos mismos países, que proclaman su compromiso con la defensa de los derechos humanos, terminen apoyando, en la práctica, a quienes los transgreden de manera sistemática.

Desde la adopción del Protocolo de Washington en 1992 y la Carta Democrática Interamericana en 2001, la OEA ha proclamado como propósito esencial la defensa colectiva de la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, la actitud de algunos países demuestra una contradicción insalvable entre sus declaraciones y sus acciones. Lejos de honrar los principios democráticos, su inacción y apoyo tácito terminan por avalar a un régimen señalado internacionalmente por crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.

El argumento utilizado repetidamente para bloquear la presentación del informe de la Comisión........

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