La irrupción de grupos cocaleros del Chapare en instalaciones militares, bajo el argumento de realizar una supuesta “inspección”, constituye uno de los hechos más graves y preocupantes ocurridos en Bolivia durante la actual crisis de convulsión social. Más que una simple protesta, esta fue una transgresión directa a los límites institucionales que sostienen el orden democrático y el funcionamiento mismo del Estado.

En una democracia, los recintos militares no pueden ser objeto de presión, fiscalización o amedrentamiento por parte de organizaciones sindicales, grupos movilizados o sectores políticos. Las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil constitucional, no a federaciones, caudillos ni movimientos corporativos. Permitir que sectores radicalizados atraviesen los límites de seguridad de una unidad militar para verificar conductas, exigir explicaciones o medir lealtades representa una señal extremadamente peligrosa para........

© El Deber