Han transcurrido dos meses desde que EL DEBER reveló que representantes del ficticio "Estados Unidos de Kailasa" intentaron firmar contratos con comunidades indígenas bolivianas para arrendar, a perpetuidad, hasta 60.000 hectáreas de territorio colectivo. A la fecha, no se ha abierto ninguna investigación ni se han ofrecido explicaciones oficiales sobre tan insólita operación.

El caso tenía todos los elementos para, al menos, despertar la atención de autoridades nacionales y locales, de instituciones y de los propios pueblos originarios. No es común que una organización extranjera, con tintes de secta y raíces que supuestamente se remontan a la India milenaria, pretenda asentarse en territorio nacional con “el goce de todos los derechos sobre el espacio aéreo y los recursos accesibles sobre o debajo del suelo”, como se desprende de los convenios que se intentaron firmar.

Ni siquiera un ciudadano........

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