El sector que durante dos décadas sostuvo la economía boliviana hoy da señales inequívocas de agotamiento. En menos de seis meses de gestión, dos presidentes de YPFB y un ministro dejaron sus cargos. No es un dato menor: es el síntoma visible de una crisis más profunda, estructural y acumulada. A esa inestabilidad institucional se sumó, desde inicios de año, el problema de la gasolina desestabilizada, un episodio que todavía no encuentra solución plena y cuya gestión ha erosionado la credibilidad oficial. Mientras tanto, miles de ciudadanos siguen lidiando con daños mecánicos y trámites engorrosos, como el sistema de reposición (SCREC), que pocos completan ante la burocracia persistente de un Estado que el propio presidente Rodrigo Paz ha prometido desmontar.

El problema, sin embargo, no se agota en la gasolina. Bolivia enfrenta un punto de inflexión energético. Las advertencias de expertos ya no son hipótesis lejanas: las reservas de gas natural alcanzan, en el mejor de los casos, para tres años más entre exportación y consumo interno. Sin nuevas inversiones ni cambios regulatorios sustantivos, el país podría verse obligado a importar gas en el corto plazo. Ese escenario —impensable hace una década— marcaría un giro histórico y confirmaría una de las paradojas más duras de América Latina: la maldición de los recursos naturales.

La gravedad del momento exige decisiones, pero también coherencia. A la fecha, el anunciado proyecto de ley de hidrocarburos no ha llegado a la Asamblea Legislativa. Su ausencia es una señal preocupante en un contexto donde cada semana cuenta. Sin reglas claras, sin incentivos a la inversión y sin una política energética de largo plazo, el país sigue navegando a ciegas. A ello se suma una comunicación oficial fragmentada, con versiones que no terminan de explicar lo ocurrido con los combustibles ni de ofrecer certezas a los consumidores.

A este cuadro se suma un factor que agrava cualquier cálculo: el subsidio. Hoy, el gas natural que abastece al mercado interno está subvencionado. Si Bolivia comienza a importar ese energético, lo hará a precio internacional. La ecuación es insostenible. Más temprano que tarde, también se abrirá el debate sobre el subsidio al gas licuado de petróleo (GLP), con efectos directos sobre el bolsillo de los hogares. La transición, inevitable, será costosa si no se planifica desde ahora y si no se construyen mecanismos de protección para los sectores más vulnerables.

El presidente tiene en sus manos la conducción de este momento crítico y debe ejercerla con decisión, claridad y resultados verificables. No basta con denunciar al “Estado tranca” si los ciudadanos continúan atrapados en procedimientos lentos y poco efectivos. La solución pasa por simplificar trámites, transparentar la información, asumir responsabilidades y, sobre todo, acelerar la presentación de una ley de hidrocarburos que marque un rumbo claro. Sin liderazgo político efectivo, la crisis seguirá profundizándose.

Pero la responsabilidad no es exclusiva del Ejecutivo. La dirigencia política, en su conjunto, debe estar a la altura del desafío. El debate sobre hidrocarburos no admite mezquindades ni cálculos de corto plazo. Oficialismo y oposición tienen la obligación de construir consensos mínimos en torno a un recurso estratégico que define el presente y el futuro del país. No es momento de consignas ni de trincheras.

Bolivia se acerca peligrosamente a un callejón sin salida. Y cuando ese punto se cruce, no habrá espacio para discursos retrospectivos ni para deslindar culpas. El fracaso, si ocurre, no será de un gobierno, sino del país entero. Por eso, actuar ahora es una obligación histórica.

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